Pero este gigantismo con apariencia de empuje y crecimiento por competitividad, es todo lo contrario a la eficiencia, la eficacia, la equidad y la economía deseables. El Ministerio de Protección Social y la Supersalud han hecho caso omiso hasta este año de la infracción a todas las normas que regulan el sistema de salud en Colombia por parte de esta, como también de muchas de las otras 23 EPS. Es tal el grado de incumplimiento de normas en Saludcoop que, siendo una entidad que maneja dineros públicos derivados de la Unidad de Capitación y existiendo reglamentaciones que limitan sus inversiones a una proporción de los excedentes obtenidos, alcanzó a asignar en contra de lo previsto legalmente unos $650.000 millones. Esta cifra representa una deuda al sistema, que deja entrever la multiplicación de empresas creadas para integración vertical (lo que cual les está prohibido a las EPS), que ha extendido sus conexiones hasta llegar a crear empresas de manera indirecta fuera del país, reflejando nexos interfamiliares de los directivos y de los contratistas. A pesar que sus ventas confirmadas del 2009 ascendieron a $3.284.309 millones (unos US$1.875 millones), esta EPS ha revelado de manera cierta o no, una situación que afirma que su atención por cada uno de sus cuatro millones de usuarios vale al año seis (6) veces más que lo que cuesta la atención promedio nacional en todo el territorio.
Tal ha sido el desmedro y desorientación de los recursos públicos en esta entidad, que el anterior Superintendente de Sociedades (las superintendencias integran vigilancias indirectas de carácter transversal: Supersalud, Supersolidaria, cada una en lo suyo), solo pudo alertar sobre la necesidad de que Saludcoop se convirtiera en Grupo empresarial para justificar su orientación fuera de la normatividad y su expansión incontenible por efecto de desconocimiento consciente a las regulaciones existentes.
Tardía intervención que, de toda forma, no eximirá que se den ajustes a conveniencia de sus malos gestores y muy seguramente ninguna penalización a nivel de los altos directivos. La intervención habrá de durar hasta tres años, pero podrá llegar a significar solo un traspaso de mano de esa maquinaria empresarial que enriquece a pocos con los recursos de muchos. Auditores, fiscales, abogados y contadores revisarán lo ya revisado desde hace siete años, para concluir lo mismo: que una empresa de estas dimensiones debe ser salvada a cualquier costa para impedir un peor impacto en el sistema neoliberal de ley 100. Otros serán los beneficiados, nuevos proveedores, nuevos directivos, iguales indicadores de eficiencia y eficacia, mayores costos a través de una UPC rediseñada, sobrefacturación de siempre y muy deficientes revisorías por parte de las autoridades de control, seguirán marcando el rumbo de la salud en el país.
