En la ley aprobada el día de ayer por el Senado, faltando un trámite último en la Cámara, que sería sancionada por Presidencia de la República en un mes (al cumpleaños 20 de la Constitución actual), el valor máximo de indemnización es de $40 millones por víctima. Las estadísticas mayores hablan de 4 millones de colombianos y colombianas víctimas desde 1985 por conflicto interno y desde 1991 por desplazamiento de tierras. Significa ello que el cálculo simple da un umbral máximo de costo para el erario público es equivalente a cerca de US$90.000 millones ($1.800 c/u), lo cual representaría, para efecto de dimensionamiento, a un tercio del PIB anual colombiano actual. Esto en el óptimo escenario de restitución de indemnización monetaria.
Por otra parte, van a proliferar los "pooles" de abogados tinterillos, unos de a pie y otros motorizados, los primeros llenando inútiles papeleos y los otros construyendo marañas de extravío para las rutas de registros prediales tratando de ocultar verdades e imposibilitando las evidencias ciertas para impedir que la carga de la prueba en los demandados dé resultado positivo a favor de demandantes. He aquí el gran talón de Aquiles de la hoy triunfante ley, de papel por ahora.
