¿ESTAS SON LAS PROFESIONES UNIVERSITARIAS MÁS SOLICITADAS O NO?

La revista Dinero comenta que las 20 carreras con mayor demanda en Colombia son, como siempre: Administración de Empresas (17,6%), Ingeniería Industrial (8%), Administración de Negocios Internacionales (7,3%). El 61% de dicha demanda lo comparten Ingeniería en Informática / Sistemas, Ingeniería (en general), Contador General / Contabilidad, Economía, Psicología, Ingeniería Civil, Administración de Ventas, Arqueología (¿?), Marketing / Mercadotecnia, Arquitectura, Informática, Ingeniería Electrónica, Administración Financiera, Abogacía / Derecho / Leyes, Administración de Empresas de Servicios, Comunicación Social / Empresarial e Ingeniería Mecánica.

Una de las explicaciones a esta tendencia sería “la formación de este tipo de profesionales les permite asumir diferentes roles dentro de una organización, en áreas tan diferentes como Recursos Humanos, Marketing, Finanzas, Gerencia, Calidad, etc”.

Sin embargo, esta clase de rankings son tan probabilísticos, imprecisos, sesgados e interesados que deben ponerse en duda. No, desde el punto de vista de que falten a la verdad. Sí, dentro de una perspectiva insesgada.


En general, se puede afirmar, todas las carreras mencionadas son aplicadas a la “administración del recurso humano”, un área costosa para direccionar una nómina de bajo costo directo y justificar la existencia de una nómina de alto costo indirecto (“selección”, “inducción”,,, “head hunters”).

Luego, está la oferta de carreras ingenieriles, pero inclinadas no al diseño, sí al mantenimiento de equipos provenientes de importación. Estas se remiten a la traducción y aprendizaje de los catálogos, a la instalación y a la adecuación de repuestos y a asegurar que los desconocidos equipos se mantengan en funcionamiento con los menores costos posibles.

En este caso existe el sesgo estadístico, en cuanto la muestra es de 9000 vacantes solamente (el sesgo se disminuye con tendencia inversa al aumento muestral). A este defecto se le debe sumar el sesgo mediático, pues está aplicada el análisis solo a las vacantes publicadas en internet nacional dentro de portales de empleo de la comunidad laboral.

Y existe el sesgo académico, consistente en que el parámetro de solicitud utilizado por las empresas se rige al esquema tradicional de la oferta de estudios por parte del sector de la Educación Superior. La universidad, en general, ha ofrecido de manera preferencial todas aquellas áreas de menores costos de producción P del servicio: pupitre, profesor, papel, pluma y primíparo. Se habla ahora de la existencia de altos volúmenes de recursos en Tecnologías de Información y Comunicación, pero si bien ello es cierto, estos son propios de la misma labor administrativa, docente y común a todas las demás carreras.

Si bien esta visión de la noticia está sesgada, debe reconocerse que son las Universidades (34) y las instituciones Universitarias (17%) las que promueven este tipo de publicidad no pagada. La jerga utilizada con la que se demanda vacantes se somete a la usada por este 50% de los entes educadores. Existen innumerables estudios nacionales e internacionales sobre la poca pertinencia de los currículos colombianos con relación al entorno laboral. También, sobre la tradición familiar que quiere administradores, contadores, abogados, quizá no tantos médicos por su perspectiva de dificultades y de bajos ingresos.

La nota en referencia es entonces un informe “head hunter” con sesgos y enviado a demandas de nivel medio empresarial, recordando que los altos cargos tiene inclinación familiar y dominancia de propietarios.

EL DELITO PRESIDENCIAL DE OMISIÓN ¿EXISTE?

La figura presidencial en Colombia es selecta de familias de tradición, patrimonios familiares de trayectoria y, en casos excepcionales, de supuestos criterios de calidad individual. Sin embargo, serán siempre los grandes capitales, los más importantes intereses los que impulsen una figura en las urnas con el fin de conseguir el aval de la gran masa popular. La figura presidencial es un interlocutor. Equivale a alguien que debe conocer el lenguaje necesario para traducir la dinámica de las instituciones a a los oídos del pueblo. Pero también, a la inversa, expresarse en forma de ideas, valores y propuestas que encajen de la mejor manera a los propósitos preestablecidos en el andamiaje estatal y el statu quo empresarial.

Para la opinión y la psicología de masas debe mantenerse el mito de la inteligencia individual y los propósitos democráticos en la figura de un Presidente. Es por ello que tras las críticas a la labor de una administración presidencial habrá la tendencia a responsabilizar a este exfuncionario por las deficiencias del sistema, pero también la enorme fuerza oculta protectora del aparato clientelista que hay en todos los niveles inferiores. Un Presidente, o un expresidente, habilidoso será aquel que actuará a sabiendas de las costumbres, los compromisos y las maquinarias ocultas que le sostienen, a la vez que podrá defender su persona, con lo cual estará defendiendo la majestad de la figura presidencial.

Un expresidente inteligente no habrá sido autor material de ningún delito ni algún falto de ética. Será quien permita que las fuerzas de contratación, propaganda, elección y seguridad nacional, funcionen a favor de su clientela de altos poderes económicos y electorales, sin comprometerse. El Presidente en Colombia no comete delitos de acción, difícilmente. Tampoco delitos de omisión.

El artículo 115 constitucional establece que:

“El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. (…) Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables”.

Las instancias del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia, como jueces del Presidente existen para “hechos punibles”, ante los cuales existe la barrera de la honestidad pecuniaria presidencial, la inexistencia de evidencias físicas sobre su responsabilidad autoral y, un cuerpo gubernamental, bajo su mando para hacerse responsable en última instancia de hechos tipificables penalmente. Es una barrera de fuerte protección para un Expresidente que, a lo sumo, asumiría delitos políticos de difícil prueba y largo juicio. Todo trámite indagatorial, testimonial y defensivo de un expresidente constituirá siempre un proceso contra la entidad presidencial, la cual tiene todos los defensores posibles.

Debe recordarse que, en extremo, existe primero la Corte Suprema que una eventual presencia de la Corte Penal Internacional, que hay la responsabilidad antijurídica de sus funcionarios que la responsabilidad jurídica del mandatario y que, más probable que la responsabilidad penal es la responsabilidad política. En este camino, un expresidente depende de sus destrezas personales y, casi todos incluso el más reciente, las tienen.