El Presidente de la República (poder ejecutivo) pidiendo, fingiendo ignorancia, que se eliminen los vencimientos de términos del código penal (poder judicial).
El Procurador General de la Nación (poder público, no poder judicial ¡!!) atreviéndose a anticipar y dar por hecha la inexequibilidad del voto en blanco previsto en la ley 1354 de 2009 y a emitir un concepto sobre el referendo (tarea de la Corte Constitucional), cuyo resultado es puramente político.
El Consejo Superior de la Judicatura (poder judicial, no es organismo de cierre), emitiendo fallo sobre tutelas judiciales, tarea de la Corte Suprema de Justicia (poder judicial, organismo de cierre).
La Presidencia (poder ejecutivo) tratando de introducir Fiscal General de la Nación de sus favores para detener funciones y decisiones que son propias de la Corte Suprema (poder judicial).
La Corte Constitucional (jurisdicción constitucional) compitiendo con la Corte Suprema (jurisdicción ordinaria), y viceversa, en asuntos de decisiones sobre fallos de jueces.
Falta una Secretaría de Movilidad para dirigir el tránsito de estos "trenes". El derecho y los abogados, los juristas y los políticos, están jugando con la opinión pública, dejando sin transparencia una serie de asuntos: Los funcionarios tratando de asumir funciones que no les son propias, entrabando la acción de los organismos justos e introduciendo ideas en la gente, que son erróneas, sólo buscan dificultar el ejercicio de las funciones de jurisprudencia y justicia, por parte de los buenos Magistrados con los cuales hoy cuenta el país.