UNO: La nueva Fiscal General de la Nación, de íntimas relaciones con la U (Uribismo), se posesiona para argumentar que requiere estudiar toda la documentación que soporta el caso de denuncia a la exdirectora del DAS y al exsecretario de la Presidencia por los asuntos del espionaje político a magistrados y oposición política. Comienza de esta manera una nueva estrategia politizada de dilación y protección a los responsables de lo que algunos suponen maniobras justificadas “por razones de Estado”, pero otros ven como acciones “delincuenciales” de debilitamiento a las bases de la democracia, al equilibrio de los poderes y a la dialéctica del debate.
DOS: El Presidente de la República acaba de reconocer, ante la XI reunión de la Corte Penal Internacional, que Colombia está intentando implementar medidas de posconflicto (generadoras de expectativas y augurio de frustraciones políticas), sin que se haya dado un verdadero proceso de paz.
TRES: La diferencia entre los 2 millones de hectáreas, de que habla el gobierno, al referirse a la cantidad de tierra propiedad de desplazados y que hace parte de sus programas Ministeriales y sus proyectos de ley en el Congreso, respecto a los 6,5 millones de hectáreas que juiciosos estudios han cuantificado (encuestas amplias, investigaciones como la de la Universidad de los Andes), se explica porque habilidosos políticos saben que la única opción real de reintegro de tierras la dan las expropiaciones de Estupefacientes y algunos resultados derivados de la existencia de evidencia de propiedad en títulos que no se han extraviado y existían previamente.
El gobierno sabe que la única promesa con algún potencial de poder ser cumplida no ha de sobrepasar la cifra pequeña, lo que demuestra que se reconoce, sin expresarlo con honestidad a la opinión pública nacional, que no hay voluntad política real en pro de la solución estructural al problema planteado en la ampulosamente denominada “Ley de Tierras”.
