viernes, 10 de marzo de 2017

FRAGMENTADO ?, Una película de M. Night Shyamalan, un director de cine con altibajos, y a la baja?

Un análisis de estadística descriptiva acerca de la carrera de este director algo interesante, con cifras ajustadas por inflación, muestra la tendencia a la baja de sus recaudos en taquilla. La actual "Split" o Fragmentado, en español, puede revertir su tendencia pues en solo 7 semanas parece atraer al público que le conoce. Podría comentarse que la mitad de este filme pareciera carecer de dirección diestra, aunque en la segunda parte se recupera la expectativa que Shyamalan suele crear. Es un intento de este escritor, productor y director para hacer enlace, algo trunco, con una trilogía que había planeado pero no ha podido concluir. Ahora pudiera tener la intención de proyectarse a una saga, que quizá no sea deseable.

jueves, 2 de febrero de 2017

ACERCA DE UNA CONSULTA POPULAR ANTICORRUPCIÓN

Actualmente se encuentra en trámite un proceso de consulta al pueblo tendiente a luchar contra la corrupción rampante en las relaciones privado-públicas. Si bien se puede estar de acuerdo con el lema y tema central, el reloj político del país no está para marcar esa hora. Hay objetivos más importantes de cara a las lides eleccionistas que se aproximan. A continuación se hace una mirada no exhaustiva, pero si realista, de cada uno de los siete puntos de la referida propuesta de consulta popular:
1. Máximo tres periodos la instancia como congresista o cualquier otro cargo en corporaciones públicas.
La consanguinidad, en primer lugar, así como la, esa sí deseable, coincidencia de intereses mediados por un movimiento partidista, son elementos imposibles de ser controlados para impedir la recurrencia personal en la representación intermediada dentro del Congreso. Este punto suena bien pero significaría solamente la desaparición de la simple figura personal permanente, no el enclave cercano al poder contratista y a la factura de leyes inconvenientes.
2. Obligar a cualquier electo por votación popular a que hagan pública su declaración de bienes, rentas, patrimonios, pago de impuestos y conflicto de intereses.
La declaración de renta es en Colombia un formalismo relativamente amañable en términos contables. Se muestra lo que se desea, se declinan patrimonios en cabeza de familiares, no siendo, finalmente, un documento digno de plena fe pública. El pago de impuestos es igualmente condicionable a los manejos contables. El conflicto de intereses sería una declaración correlacionada con estos documentos. Si se está nominalmente alejado de la propiedad de empresas se está desapegado de los intereses que impedirían votar por un proyecto de ley conveniente a las actividades de dicha empresa o sector. Todo ello no impide el manejo clientelista de nombramiento de funcionarios con poder, de partidas presupuestales y de contratos con el Estado.
3. Obligar a los congresistas a que le rindan cuentas a la ciudadanía. Qué proponen, cómo votan, a dónde asisten, a qué van a los Ministerios.
Ya existe un seguimiento a los proyectos de ley presentados por cada congresista. Existe tyambién la posibilidad de exponer al público la votación personal. Este es un punto deseable y viable, pero no se convertiría en un indicador fehaciente, recusable o impugnable en algún aspecto. El votante no es tan acucioso como para condenar en la siguiente elección. La relación de senadores y representantes con los Ministerios no resulta estrictamente interpretable plenamente como un pecado clientelista. Es, en el fondo de todos los casos, el paso obvio para vigilar la orientación puntual de los compromisos presupuestales con las leyes aprobadas y las regiones representadas. Por el contrario de lo que se propone, este paso “clientelista” es el primero en la cadena descentralista pues la relación directa ministerial con cada región es indeseable.
4. Obligar al trámite del presupuesto público de Alcaldías, Gobernaciones y Gobierno Nacional.
Sí. Cada alcalde, gobernador o funcionario de todo nivel puede y debe supervigilar el estado del trámite de las partidas autorizadas a través de la larga cadena burocrática, todo ello amparados en el trámite formal. De alguna manera esto ya es así, pero depende de la competencia de funcionarios electos que no son plenamente capaces y hábiles en tales trámites.
5. Acabar la mermelada, que es sacar presupuesto por debajo de la mesa para favorecerse.
Este punto “es dulce de los mismos postres anteriores”. Si los conductos regulares previstos en la ley funcionan mal, no tiene controles eficientes e interventoría desinteresadas y hábiles, se permite el desvío presupuestal
6. Sancionados por corrupción no tendrán ningún tipo de beneficio carcelario. Ir a La Picota con los demás ladrones.
Acá se configura la tradicional insistencia penalista de la cárcel como máximo castigo. En los casos de corrupción de índole económica la primera penalización es la del rechazo social de por vida y el apartar al delincuente de la vida política, es decir la perdida de algunos de los derechos ciudadanos fundamentales. La añadidura si debe ser el control real de sanciones como la consabida casa o cárcel.
7. Darle al Estado la facultad de que pueda cancelar unilateralmente los contratos con persona natural o jurídica que sean sancionados por corrupción.
Esto también existe ya. Lo que no hay es un trabajo acucioso por parte de contralorías nacionales y regionales para el control del Registro Único de Proponentes y su currículo penal.
EPÍLOGO
Este llamado al constituyente primario y al uso de los mecanismos de participación es interesante pero inocuo. En la coyuntura actual resulta inconveniente que la lucha política de francotiradores, con los mejores de los deseos como este del discurso anticorrupción, divida las próximas elecciones presidenciales y de cuerpos colegiados. Los siguientes procesos electorales en Colombia deben ir en el sentido de asegurar el proceso de posconflicto por encima de todo interés partidista, de todo odio infundado y de llegar a permitirse que fuerzas retardatarias ocupen los más altos cargos.

lunes, 2 de enero de 2017

Ley 1819 de 2016: una reforma tributaria resultado de la lúdica política

Una reforma tributaria no estructural, contenida en la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, de 174 páginas reformatorias de 376 artículos, es muestra del juego infantil en que se convierte la normatividad de impuestos en Colombia.
1. ¿Persecución penal?
En primer lugar, era imposible pensar en la reiterada idea de persecución penal por evasión de impuestos en Colombia.
La declaración de la evasión de impuestos como delito, no iba a entrar al código penal.
El ocultar activos o crear ficticias deudas para evasión a partir de $5.000 millones quedó redactada para no ser aplicable, en concordancia con la posibilidad de tipificar delito.
La penalización de la evasión relacionada con el cobro y recaudo del Impuesto al Valor Agregado, IVA, calificado como avance no es gran novedad ni significaba dificultad alguna para convertirla en ley.
2. ¿Reforma estructural?
En segundo lugar, la denominación de reforma estructural es un juego con las palabras, queriendo ver en el hecho de tocar muchos de los artículos del Estatuto Tributario, E.T., una semejanza sistémica.
En tanto el IVA no sea aplicado al universo de bienes no queda estructurado. El hecho de que los 3 puntos porcentuales de aumento al IVA afecta solo a poco más del 50% de los bienes del universo tributario ya implica una característica no estructural.
Por otra parte, los actuales evasores que ya tienen montada su estrategia, han de perfeccionarla para este incremento contribuyendo así a que el mayor recaudo esperado sea en realidad una mayor evasión calculada.
El uso de exenciones como herramienta “distributiva” es solo demagógico y desestructura el concepto técnico de este tipo de impuesto.
3. Relevancias demagógicas
Discutir el 5% para toallas higiénicas o para automotores eléctricos solo acude a la opinión pública y a las veleidades ecologistas poco serias.
El gravamen de servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil en el 4 %, cuyo recaudo irá destinado a inversión social en 70 % para deporte y 30 % para cultura, conlleva el uso de destinaciones específicas que, valga decir, son poco técnicas y mucho políticas.
El gravamen al uso de bolsas plásticas es buena muestra del uso del sistema tributario como instrumento de diálogo con la opinión pública. Simplemente, deberían ser parte del universo en el cual se aplicare el IVA y no caso aislado inscrito en el articulado del E.T.
El discutido IVA a bebidas azucaradas fue derrotado con base en una distractora polémica sobre su impacto en la obesidad. Hasta el Ministro de Salud cayó en esta red.
Aumentar en un 5% el impuesto de renta a zonas francas, quedando en 20%, es borrado con el beneficio especial más el aduanero.
4. ¿Las ESAL no son sujeto tributario?
Se consideraría técnico y justo que las Entidades Sin Ánimo de Lucro, ESAL, pagaran impuestos. Sin embargo, tras la obligación de 5.209 cultos, congregaciones y asociaciones religiosas, de declarar, registrarse y publicar la información, ello no significó que habrían de tributar. Tras este debate quedaron a “salvo” fundaciones, colegios y universidades, en ese escenario desestructurado e inequitativo que sigue siendo el E.T.
El hecho que todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, pero con la excepcionalidad de solicitar ser contribuyentes del Régimen Tributario Especial, cumpliendo con los requisitos de formalidad, objetivo social de interés, aportes no reembolsables y excedentes no distribuibles, las hace a un lado como sujetos tributarios tal como lo han venido haciendo hasta hoy.
5. ¿Puntos de tinte estructurador?
La eliminación de impuestos como el Iman (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional???) e Imas (Impuesto Mínimo Alternativo Simple????) para los asalariados y Cree (Impuesto sobre la renta para la equidad???)y sobretasa, para las empresas (a partir de 2019), fue lo más cercano a una medida estructural al dejar recaer todo en el imporrenta simple y llano (de nuevo al 34%).
Sin embargo, los descuentos especiales para inversiones en control, conservación y mejoramiento del medioambiente, así como en inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, siguen la pista del uso tributario en sectores de moda preventiva y que simplemente facilitan maromas de empresas elusivas.
En cuanto el llamado “monotributo”, para los pequeños comerciantes con ingresos brutos entre $42 -104 millones, en locales de área igual o inferior a 50 M2., podría decirse es un tímido acercamiento más que al incremento de bases tributarias a una estrategia de formalización que, de toda manera, es de dudoso efecto.
6. ¿Existe la doble tributación?
Décadas de debate inocuo para responder a esta pregunta. No obstante, gravar los dividendos en cabeza del accionista y no de la sociedad en 10% para montos superiores a $31.86 millones anuales (1ooo UVT de 2017) y de 5% sociedades extranjeras aparece como una medida de avance aunque no ha de ser posible su control dadas las diversas modalidades de elusión de las cuales ha se ha hecho uso en el país.
El articulado reformado es tal que sigue con ello demostrándose lo desestructurador del E.T.
Dicho estatuto bien podría ser más técnico, menos facilitador de la elusión y la evasión, más fácil de recaudar, verdaderamente equitativo y alejarse de las veleidades populistas de ser instrumento de funciones con intención redistributiva, lo que le corresponde a la política de gasto público y no a la política tributaria, una verdad que se le olvida a expertos y a neófitos.