lunes, 22 de marzo de 2010
AJAMI
El título hace referencia a un barrio de Jaffa, en Israel. La película es coproducción de Israel y Alemania, hablada en árabe y hebreo, rodada en Tel Aviv. Cuenta con dirección a dúo y guión binacional también de la pareja conformada por el palestino Scandar Copti y el judío Yaron Shani. El filme fue candidato por Israel a los Oscar como mejor película de habla no inglesa.
Es un buen ejemplo de la búsqueda de una visión múltiple y objetiva, dentro de un conflicto histórico de carácter multiétnico y religioso, al cual se han sumado elementos relacionados con la delincuencia internacional. En el barrio de Ajami, dentro de Jaffa, ciudad costera con un puerto de acceso al Meditarráneo e integrada a Tel Aviv, ¿conviven? diferentes culturas e intereses diversos entre judíos, musulmanes y cristianos, en una zona de origen palestino, en la que aún predomina población árabe. La situación real de Ajami es ser actualmente un polo de atracción para las inversiones en bienes raíces, para israelíes judíos.
Nasri, un chico temeroso de 13 años; Malek, refugiado palestino de Cisjordania y trabajador ilegal en Israel; Omar, joven palestino y blanco de una contienda de estilo vengativo entre un clan beduino y su modesta familia; Binj, palestino rico junto a su novia judía; Dando, un policía judío en busca de su hermano desaparecido. Estos y otros personajes secundarios reflejan sus problemáticas personas en cinco capítulos, concatenados entre sí, pero asincrónicos, en los cuales se divide “Ajami”.
Nada de encuadres artísticos, travellings cinematográficos o colorido simbólico. Un cine realista, con actores naturales, cámaras al hombro, montaje expresivo, planos generales y en profundidad, sin adornos de detalle o close-ups. Muestra un excelente dominio de dirección, que no depende de parafernalias técnicas para expresar más que otras muestres de este “séptimo arte”.
La ley de Zam se cumple, con la pareja guionística que hace dirección a cuatro manos sobre un tema que permite volver a la reflexión sobre Colombia.
Mal hacen críticos, expertos y “sociófilos” en atacar los temas reincidentes en el conflicto interno o reiterantes de la violencia narco, o insistentes en la violencia de origen real. La globalización del cine ha permitido ver cómo en muchos países, regiones y nacionalidades, se presentan las situaciones que, de manera errónea, creen el colombiano medio o alguna élite ciega que es propia y única de nuestro país. En Jaffa, como en cientos de ciudades del primer mundo y menos desarrolladas, la sociedad vive en buena parte fuera del dominio estatal formal.
Los ejércitos particulares, las bandas conformadas en autodefensa, la policía como única representación de las instituciones en las calles, los clanes familiares que integran a unos y otros. Todos ellos viven de mercados informales, organización con tintes mafiosos, contrabandeos, robos, persecuciones vengativas y traiciones.
Pero nada de esto es muestra de baja moral ni de rupturas éticas. Es un resultado de otras escalas de valores, nacionalistas, religiosos, políticos, de amor a la familia, enmarcados por las presiones de la delincuencia internacional que inunda de armas y de droga las redes sociales de las urbes y las redes financieras que permiten sobrevivir a fuertes y débiles. No es maldad, es supervivencia, No es ánimo delincuencial, es instinto de protección a las familias. No se habla de política, pero se sabe que es una causal de los problemas. No se odia al otro por sus ideas religiosas. Se imparte justicia interracial e intereligiosa, por parte de líderes naturales de los clanes, con base en penalización en dinero luego de juicios verbales y sobre acusaciones acerca de errores de táctica dentro de lo que, académicamente, es una “guerra civil”, un “conflicto interno” o una “nueva guerra”, pero que refleja la vida diaria de periferias y comunas de las grandes ciudades de hoy.
Los organismos multilaterales han reconocido estas interrelaciones informales como redes organizativas de sociedades que viven bajo el espejismo del Estado de Derecho, del sistema democrático, de la utopía de la paz y la justicia plenas, como importante objeto de estudio. Para hacer intervenciones a favor de la mejora de las sociedades se deben estudiar los mecanismos de liderazgo natural, justicias alternativas y mercados mafiosos en que consiste gran parte de la sociedad contemporánea no solo de países en desarrollo sino de las grandes metrópolis. Conocer realmente a la sociedad es comprender la violencia. Entender la forma en que los conflictos históricos inciden en las escalas de valores individuales y en la estructura familiar, es adquirir identidad sin conformismos y llegar a vislumbrar mejoras sociales que no se apoyen en la eliminación de libertades individuales, expresadas muchas de ellas en las expresiones artísticas y cinematográficas.
Pastilla y sorbo “saludables”
La administración Obama está logrando pasar por la Cámara de representantes del Congreso estadounidense una reforma al sistema de salud en la cual se había pensado y debatido por más de ¡ un siglo ¡. Con ella se espera se eleve a 95% la proporción de ciudadanos menores de 65 años que cuenten con seguro de salud privado. También el presidente se comprometió a firmar una orden ejecutiva que reafirma una ya vigente prohibición de abortos con financiamiento público. Incorpora a 32 millones más de la población que actualmente no tienen servicios médicos mediante la expansión de los programas de salud pública y subsidios para que familias modestas puedan adquirir seguros privados, completando casi 300 millones que dispondrán de cobertura médica. La reforma cuesta US$ 940.000 millones en la siguiente década (cifra similar al salvataje programado por la crisis) y reducirá en US$138.000 millones el déficit estadounidense según una comisión del Congreso. La reforma en mención había sido rechazada históricamente por médicos y compañías de seguros. Sin embargo, a pesar de la eventual aprobación en Senado, la oposición se ha basado en una reacción al aumento de impuestos y al hecho de que el Estado se involucre en actividades privadas.
¿La reforma a la salud en Colombia es igual, guardadas las proporciones? No. Es exactamente todo lo contrario.
En Estados Unidos, se aumenta la cobertura de manera real, se profundiza el sistema asegurador privado, pero se considera al presupuesto nacional como fuente de última instancia para asumir la obligación de resguardar el derecho constitucional y la garantía fundamental a la salud bajo un principio de universalidad para el ciudadano. La reforma estadounidense incorpora el derecho a ejercer jurisdicción pública sobre el ámbito de acción privada en el sector de la salud.
En Colombia, el aumento de la cobertura ha sido puramente nominal, pues se implementa un recorte de las coberturas médicas de los planes obligatorios de salud, POS; se oponen barreras de acceso a los servicios especializados y se crean mecanismos para transferir al usuario algunos de los costos asistenciales. Se amplió la cobertura, mediante una medida demagógica e irreal, puesto que los nuevos afiliados al régimen no contributivo o subsidiado no poseen empleo, lo que la Ley 100 de 1993 preveía que se produjera de manera evolucionada y acorde con dichos niveles de empleo y de mejora del nivel de vida. Esto, aparte de que la despenalización parcial del aborto en caso de afectación a la salud de la madre, incompatibilidad del feto con la vida y causales en violación, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida o incesto, son soslayados y el sistema de salud no guarda respeto por este fallo constitucional.
En Colombia, se busca disminuir la carga de la salud en el presupuesto nacional, incrementando la responsabilidad financiera de cada individuo en su salud. Las reformas colombianas buscan reducir la jurisdicción pública en el ámbito de acción privada del sector de la salud. Las EPS son autonómicas empresas privadas, en una mayor proporción.
La mayor cobertura gringa es real, la ampliación de la cobertura colombiana es nominal. La injerencia pública sobre el sistema de salud privado se aumenta en Estados Unidos, la privatización de finanzas y POS gana terreno sobre la responsabilidad constitucional y estatal del Estado respecto a la salud en Colombia.
Se diría que son dos países diferentes y dos niveles de vida muy contrarios. Pero las tendencias de desarrollo de sus sistemas de salud serán una paradoja: asistencialista y democrático en el país rico y privatizado e inhumano en el país pobre.
¿La reforma a la salud en Colombia es igual, guardadas las proporciones? No. Es exactamente todo lo contrario.
En Estados Unidos, se aumenta la cobertura de manera real, se profundiza el sistema asegurador privado, pero se considera al presupuesto nacional como fuente de última instancia para asumir la obligación de resguardar el derecho constitucional y la garantía fundamental a la salud bajo un principio de universalidad para el ciudadano. La reforma estadounidense incorpora el derecho a ejercer jurisdicción pública sobre el ámbito de acción privada en el sector de la salud.
En Colombia, el aumento de la cobertura ha sido puramente nominal, pues se implementa un recorte de las coberturas médicas de los planes obligatorios de salud, POS; se oponen barreras de acceso a los servicios especializados y se crean mecanismos para transferir al usuario algunos de los costos asistenciales. Se amplió la cobertura, mediante una medida demagógica e irreal, puesto que los nuevos afiliados al régimen no contributivo o subsidiado no poseen empleo, lo que la Ley 100 de 1993 preveía que se produjera de manera evolucionada y acorde con dichos niveles de empleo y de mejora del nivel de vida. Esto, aparte de que la despenalización parcial del aborto en caso de afectación a la salud de la madre, incompatibilidad del feto con la vida y causales en violación, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida o incesto, son soslayados y el sistema de salud no guarda respeto por este fallo constitucional.
En Colombia, se busca disminuir la carga de la salud en el presupuesto nacional, incrementando la responsabilidad financiera de cada individuo en su salud. Las reformas colombianas buscan reducir la jurisdicción pública en el ámbito de acción privada del sector de la salud. Las EPS son autonómicas empresas privadas, en una mayor proporción.
La mayor cobertura gringa es real, la ampliación de la cobertura colombiana es nominal. La injerencia pública sobre el sistema de salud privado se aumenta en Estados Unidos, la privatización de finanzas y POS gana terreno sobre la responsabilidad constitucional y estatal del Estado respecto a la salud en Colombia.
Se diría que son dos países diferentes y dos niveles de vida muy contrarios. Pero las tendencias de desarrollo de sus sistemas de salud serán una paradoja: asistencialista y democrático en el país rico y privatizado e inhumano en el país pobre.
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