Antanas Mockus propone algo como un programa de 7 puntos que, con toda la simpatía que merece el candidato y la capacidad administrativa que ha demostrado, parece una lista de Programación Neuro Lingüística:
* Construcción de un tabú cultural alrededor del respeto a la vida.
* Pedagogía de la ley.
* Interpretación de la tarea del policía como formador de ciudadanos.
* Uso gerencial y pedagógico del sistema de información sobre homicidios y otros delitos.
* Capacitación y gerencia de la Policía.
* Movilización de las autoridades morales y de la sociedad hacia el rechazo de la ilegalidad.
* Mejoramiento del sistema de justicia.
Es un bonito planteamiento con un gran peligro defraudante: la situación política actual del país se caracteriza por un ambiente donde el lenguaje es utilizado para hacer oposición rumorística e injuriosa. La corrupción y el fraude, entre otros temas dentro de la administración pública y los mecanismos partidistas y electorales, son parte del léxico común.
La PNL política significa algo como pasar de inseguridad a “percepción” de inseguridad, de corrupción a “valores y percepciones” contra la corrupción. Los corruptos, contratistas y clientelistas, persistirán a pesar de esta PNL, que ya reside en la mente del colombiano excepto para un aproximado 3% que son los mismos corruptos.
Dado que a estos últimos no se les podrá cambiar valores y lenguajes, la persistencia de favorecimientos a los grandes sectores como el palmero, bananero o floricultor, con su correspondiente plutocracia en agricultura o comunicaciones, continuará.
Las “IAS”, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, entre otras, serán siempre fortín de hipócrita encubrimiento: discurso democrático y acción conveniente.
Las Superintendencias intervendrán para permitir el traspaso de propiedades, la generación de una red de comisiones, el debilitamiento de los sectores vigilados.
El sistema de contratación pública de Ley 80, continuará siendo una cortinilla que no reglamenta nada acerca de los sectores que sí importan como telecomunicaciones, defensa, entre otros, permitiendo que la gran proporción de los negocios públicos adolezcan de normas que permiten verdaderamente su vigilancia.
Las CAR continuarán con su racha de contratos de sobreprecio, nómina clientelista paralela y falta de ecologismo..
La nómina oficial continuará siendo una escala del no mérito, una maraña de convocatorias y concursos puramente formales, una burocracia ligada a la mediocridad del activismo político.
De manera que términos como “construcción de un tabú cultural, pedagogía de la ley, interpretación, formador, pedagógico, información, capacitación, autoridades morales, rechazo de la ilegalidad”, que ya existen en la mayoría de los colombianos, por tanto, van solo orientados con un ánimo electoral.
Dado que el colombiano común YA tiene estos valores y esta moralidad, no se puede confundir ello como un posible freno a los males mencionados. El colombiano moral no llega a los cargos de la estructura pública con poder y autonomía, sino condicionado a un salario y una carrera personal, no llega al Congreso sin amparo partidista o de movimientos menos fuertes aún y, por tanto, no podrá incidir en reformas que se convierten en legislación ineficaz de casi imposible acatamiento por parte de los grandes sectores que son de carácter privado. El colombiano moral no contrata grandes obras, ni logrará apoyos políticos para la contravención de enormes intereses familiares y oligopólicos.
La creencia acerca de que el voto de conciencia invista de autonomía suficiente al ejecutivo, resulta utópico en el sistema social vigente, que es el único fuera de las utopias (permiso por la redundante frase).
Gobernar al país no es lo mismo que administrar a Bogotá, como lo saben lo que están preparados para la administración pública (y no es cuestión de tamaño). Direccionar el poder ejecutivo, es de lejos diferente a orientar una universidad democrática, con preocupaciones académicas, investigativas y del conocimiento, conformada por inteligencia y juventud (y los asesores distritales han sido predominantemente de la UN). El presupuesto nacional cumple tendencias indescifrables, el presupuesto distrital tiene cierta flexibilidad interna para su manejo (como lo saben los economistas).
Es más factible la obtención de cambios coyunturales y estructurales con apoyo de los grandes poderes que la continuación de los intereses de siempre, bajo una gobernabilidad basada en el voto de opinión. La PNL vendría a ser un distractor de cuatro años más para la “gobernanza” política. No obstante, al no perderse nada más de lo que el país ya tiene perdido, el “Partido Verde Opción Centro” tiene derecho a llegar a ocupar el poder formal para un inocuo período más.
Esto se deberá a que muchos jóvenes con su lógica inmadurez política pueden dar el paso a mesianismos que no van con esta época, ya muy lejana de las utopías. La relación emocional con las aulas y los candidatos profesores no permite concebir que la corrupción y la pobreza, no se solucionan sino con el paso paciente del tiempo aunque un buen estadista puede presionar un poco la marcha. Que la democracia, que no es el mejor de los sistemas pero sí que el más ha funcionado históricamente, no admite autoritarismos escondidos tras normas cívicas acentuadas. Que la violencia política, qué pena, es propia de la humanidad, y en el caso del conflicto colombiano sucede en la “provincia” más que en las cómodas calles de la capital y a esta problemática no hay respuestas milagrosas pues todas han sido ya probadas. Que un intercambio humanitario no representa la viabilidad de un cese al fuego, como tampoco la vía a un diálogo nacional.
Debe recordarse que el desempeño de Mockus se ciñó a la continuidad de una planeación prevista para la ciudad de la cual fue Alcalde. Por lógica, Bogotá requiere administradores, no necesariamente estadistas. Con un 10-11% de los impuestos y un 13-14% del PIB nacionales, la capital tiene un presupuesto “stock”, la nación maneja un presupuesto “flow”.
También es de recordar que el voto inconforme es diferente del voto de opinión y este, a su vez, diferente del “primivoto” del cual el candidato enuncia que depende, tristemente. El sesgo neoliberal también es muy claro en el candidato en mención: su apoyo a la actual “reforma” laboral”, a los artificios de la “reforma” a la salud, como su pasado “ajuste” a las matrículas de la universidad pública, su concepción de una libertad pero con autoridad, con tintes autoritarios. No sería correcto, pero no está por demás, recordar al “Abdalá Bucaram” en que se puede convertir un presidente con desfachatez de menosprecio a sus contendores (vaso de agua en la cara, nalgas al aire…).
El Partido Verde tendría, tendrá todos los problemas para gobernar, tanto a nivel de ejecutivo como en el legislativo mismo, con el 4,9% en el Senado y el 1,81% en la Cámara, donde tendrá que conformar acuerdos como en cualquier congreso del mundo, a no ser que adoptara “fujimorazos” inconcebibles.
