Una buena noticia: viene una comisión americana para determinar el estado de las relaciones laborales en Colombia a raíz de la posibilidad de dar curso al proceso de aprobación del TLC con Colombia en el Congreso de Estados Unidos.
¿Porqué viene de fuera la presión de cambio en las relaciones inequitativas dentro del mercado laboral colombiano? Se ha hecho énfasis en los medios períodísticos internos del país en el supuesto de que el TLC se ha demorado más de un lustro en ser aprobado, solo por culpa de fricciones partidistas internas de demócratas y republicanos. No, es así. Simplemente ello se debe a que hay verdaderas razones de derechos fundamentales, derechos humanos y derechos laborales que en Colombia se han tornado como normales siendo violadoras de la ley. Esto se ha hecho costumbre con base en normas legales tergiversadas en su intención.
Por ahora, se trata de las Cooperativas de Trabajo Asociado, CTAs, que han venido siendo utilizados para solamente manejar huestes de trabajadores a expensas de sus prestaciones sociales de ley y de su estabilidad laboral. Este tipo de mecanismo diseñado para enrolar engañosamente a trabajadores estacionales con el argumento de ser propietarios o asociados de sus propio negocio, o con el de estar siendo contratados a través de una formal Empresa de Servicios Temporales, ha hecho parte fundamental de una hipótesios incorrecta de flexibilización del mercado laboral.
El decreto 4588 de 2006 reglamentó las CTAs y el 4369 del mismo año lo hace con las Empresas de Servicios Temporales, EST. Es claro que estas normas, complementarias y reglamentarias de las leyes que las cobijan, buscaron la “deslaboralización” y la “tercerización” de los trabajadores de menor calificación. Con el argumento, ya plenamente invalidado por las ciencias económicas, de que se crearían más empleos al disminuir cargas extras del salario básico como “flexibilización laboral”, las CTAs y las EST florecieron en Colombia.
Hay unas 6.500 de estas Cooperativas, que congregan cerca de 4.500.000 trabajadores mal remunerados, y unas 700 de las EST, que intermedian cerca de 1.000.000 de trabajadores “en misión”, como de manera peyorativa los denomina la ley.
La ley 1429 de 2010 pretendía prohibir CTAs a partir del 30 de junio de 2013, pero la Comisión de congresistas estadounidenses que llega a Colombia, buscará que se disponga la medida a partir del mes de junio del presente año, anticipando en dos años dicha medida de corte laboral dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en favor de una mejora del clima política alrededor de la posibilidad de aprobación del sobredimansionado TLC con este país.
¿Comisiones de Estados Unidos en procura de restaurar derechos laborales en Colombia? Es cierto, por tanto, que suficientes razones internas hay para mantener congelado en el exterior el sobrevalorado TLC. Triste sigue siendo reconocer que las fuerzas políticas dentro del país miran a todo lado, peculados, elecciones, discursos desordenados y promesas, pero poco a las principales y evidentes problemas de estancamiento de la economía y la democracia nacionales.
