José Elías Melo por el caso de Odebrecht, en su calidad de contacto dentro del Ministerio de Transporte y Luis Fernando Andrade, por su posible responsabilidad como director de la Agencia Nacional de Infraestructura, han sido dos nombres recientemente reiterados en los medios a raíz de su sindicación y, como expresan algunos de ellos, de su anticipado carcelazo.
Varios escritores públicos en sus columnas periodísticas de El Tiempo y El Espectador o de la Revista Semana, han salido en caballerosa defensa de los mencionados nombres. Algunos de tales columnistas parten lastimeramente del argumento acerca de que personas tan bien preparadas sean enfocados por la mira de una ley poco eficaz y quizá interesada. Otros insisten en que estas personas deberían ser indagadas en libertad y no ser detenidas precautelativamente, ya que no representan peligro para la sociedad.
Sin ninguna otra intención, estos casos de acusación penal y defensa mediática, permiten plantearse algunas preguntas pertinentes:
¿Es la brillante hoja de vida, los estudios en reputadas universidades dentro y fuera del país, y alguna experiencia en grandes corporaciones privadas, suficiente razón para justificar inocencias?
¿Hasta cuándo se ha de dudar en exigir que los altos cargos directivos en el sector privado, pero ante todo en el público, sean responsables de lo que sucede en entrepisos bajos de las jerarquías que dirigen?
Al igual que en las fuerzas militares y en grupos subversivos de carácter político, el argumento a favor de determinadas sindicaciones no puede ser “el que no sabían” lo que pasaba.
Lo que realmente debe tenerse en cuenta es que la responsabilidad de los altos cargos radica en que “deberían saber” acerca de todo lo que suceda en las organizaciones que ellos “dirigen”.
Un ejecutivo de alto nivel no puede llegar a las cumbres del poder estatal o empresarial solo de manera honorífica y con apoyo en estudios académicos que le acreditan simplemente como excelente tecnócrata, ya sea en leyes o en ingenierías no importa.
El país debe insistir que parte de la legitimidad de las instituciones, la transparencia de su funcionamiento y la limpieza de las relaciones clientelistas existentes entre política y negocios, radican en exigir a los más elevados escaños jerárquicos que ejerzan el poder que se les concede como debe hacerse.
