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miércoles, 25 de mayo de 2011

Una pastillita de tierras y de víctimas


En la ley aprobada el día de ayer por el Senado, faltando un trámite último en la Cámara, que sería sancionada por Presidencia de la República en un mes (al cumpleaños 20 de la Constitución actual), el valor máximo de indemnización es de $40 millones por víctima. Las estadísticas mayores hablan de 4 millones de colombianos y colombianas víctimas desde 1985 por conflicto interno y desde 1991 por desplazamiento de tierras. Significa ello que el cálculo simple da un umbral máximo de costo para el erario público es equivalente a cerca de US$90.000 millones ($1.800 c/u), lo cual representaría, para efecto de dimensionamiento, a un tercio del PIB anual colombiano actual. Esto en el óptimo escenario de restitución de indemnización monetaria.
Por otra parte, van a proliferar los "pooles" de abogados tinterillos, unos de a pie y otros motorizados, los primeros llenando inútiles papeleos y los otros construyendo marañas de extravío para las rutas de registros prediales tratando de ocultar verdades e imposibilitando las evidencias ciertas para impedir que la carga de la prueba en los demandados dé resultado positivo a favor de demandantes. He aquí el gran talón de Aquiles de la hoy triunfante ley, de papel por ahora.

viernes, 13 de mayo de 2011

Pastillita para el sistema de salud, EPS.

La intervención de Saludcoop es una medida tardía a la que el gobierno Uribe no quiso enfrentar a través de Supersalud. Esta EPS (que contiene a Cafesalud y Cruz Blanca) representa fácilmente el 28,36% de los activos y participación en el sistema compuesto por 24 grandes empresas promotoras de salud. Es un organización con presencia en más de 900 municipios de Colombia (el 90%), a través de 13 gerencias regionales y 150 oficinas seccionales.

Pero este gigantismo con apariencia de empuje y crecimiento por competitividad, es todo lo contrario a la eficiencia, la eficacia, la equidad y la economía deseables. El Ministerio de Protección Social y la Supersalud han hecho caso omiso hasta este año de la infracción a todas las normas que regulan el sistema de salud en Colombia por parte de esta, como también de muchas de las otras 23 EPS. Es tal el grado de incumplimiento de normas en Saludcoop que, siendo una entidad que maneja dineros públicos derivados de la Unidad de Capitación y existiendo reglamentaciones que limitan sus inversiones a una proporción de los excedentes obtenidos, alcanzó a asignar en contra de lo previsto legalmente unos $650.000 millones. Esta cifra representa una deuda al sistema, que deja entrever la multiplicación de empresas creadas para integración vertical (lo que cual les está prohibido a las EPS), que ha extendido sus conexiones hasta llegar a crear empresas de manera indirecta fuera del país, reflejando nexos interfamiliares de los directivos y de los contratistas. A pesar que sus ventas confirmadas del 2009 ascendieron a $3.284.309 millones (unos US$1.875 millones), esta EPS ha revelado de manera cierta o no, una situación que afirma que su atención por cada uno de sus cuatro millones de usuarios vale al año seis (6) veces más que lo que cuesta la atención promedio nacional en todo el territorio.

Tal ha sido el desmedro y desorientación de los recursos públicos en esta entidad, que el anterior Superintendente de Sociedades (las superintendencias integran vigilancias indirectas de carácter transversal: Supersalud, Supersolidaria, cada una en lo suyo), solo pudo alertar sobre la necesidad de que Saludcoop se convirtiera en Grupo empresarial para justificar su orientación fuera de la normatividad y su expansión incontenible por efecto de desconocimiento consciente a las regulaciones existentes.

Tardía intervención que, de toda forma, no eximirá que se den ajustes a conveniencia de sus malos gestores y muy seguramente ninguna penalización a nivel de los altos directivos. La intervención habrá de durar hasta tres años, pero podrá llegar a significar solo un traspaso de mano de esa maquinaria empresarial que enriquece a pocos con los recursos de muchos. Auditores, fiscales, abogados y contadores revisarán lo ya revisado desde hace siete años, para concluir lo mismo: que una empresa de estas dimensiones debe ser salvada a cualquier costa para impedir un peor impacto en el sistema neoliberal de ley 100. Otros serán los beneficiados, nuevos proveedores, nuevos directivos, iguales indicadores de eficiencia y eficacia, mayores costos a través de una UPC rediseñada, sobrefacturación de siempre y muy deficientes revisorías por parte de las autoridades de control, seguirán marcando el rumbo de la salud en el país.

viernes, 8 de abril de 2011

TLC DE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS


Santos y Obama en las fotos de primera plana y en tiempo extra de los canales de TV. Luego de siete años de haber comenzado a estudiar esta posibilidad, de cinco años de firmarse sin ratificación de las instancias congresistas y uno de transcurrido el nuevo gobierno colombiano, se vuelve a reanimar una, por ahora vana, esperanza para el ciudadano común acerca de una mejora del empleo y la calidad de vida, con base en tratados bilaterales que desconocen la libertad de comercio de los otros muchos países del orbe.

Pero, ¿cuáles son las verdades percibibles? En primer lugar, a nivel político se sabe cuáles son las “condiciones” que congresistas de los Estados Unidos han expresado para dar vía al TLC. Están relacionadas coa la protección de activistas sindicales, de la ampliación de los derechos laborales y asegurar los derechos humanos para el ciudadano trabajador colombiano. Los republicanos apoyan la parte del TLC que elimina aranceles de entrada a Colombia de los productos estadinenses, como obvia expresión de su neoliberal ideario. Los demócratas, se ubican al lado de la defensa de la filosofía de la libertad de expresión ciudadana y al alejamiento de modalidades de guerra sucia para el combate a las oposiciones políticas, junto con la preocupación por el eventual aumento de desempleo en ese país que ya ha perdido millones de puestos de trabajo a partir de la crisis del 2008. Un Presidente demócrata podría lanzarse a reelección o bien algún copartidario suyo. Y en coyunturas así todo lobbying, incluso el del ejecutivo colombiano, sirve para alcanza esta meta. Las etapas del acuerdo Obama – Santos simplemente giran alrededor de la promesa colombiana de poner en marcha las respuestas necesarias a las inquietudes democráticas de los congresistas, republicanos y demócratas, de Estados Unidos.

En el plano económico, además de los compromisos escritos sobre protección de derechos de autor, de patentes de productos farmacéuticos y otros similares, los Estados Unidos llevan ventaja en el acuerdo ya escrito. En el plano industrial, una multitud de micro, pequeñas y medianas empresas colombianas (Mipymes), el 91%, que producen el 30% de la riqueza, invierten solo el 20% del total nacional, empleando el 43% de los trabajadores activos, se disputarían entrar al mercado ampliado sin estar preparadas para ello. En Colombia, solo si se tiene certeza del negocio se comienzan a preparar los empresarios y esa es una de las promesas del TLC.

Pero, además de la poca competitividad de Mipymes, el problema grande está en los débiles sectores agropecuarios y en los fuertes sectores agroexportadores nacionales.

El TLC que está escrito se encuentra comprometido a recibir importaciones provenientes de los Estados Unidos, como las siguientes:

1. Arroz por 79.000 toneladas en un país que ha sido históricamente autosuficiente en este alimento.
2. Pollo en presas por 26.000 toneladas
3. Maíz por 2.000.000 de toneladas

Esto a cambio de exportar en los cronogramas establecidos:

1. Azúcar por 50.000 toneladas
2. Carnes vacunas por 5.000 toneladas
3. Tabaco por 4.000 toneladas
4. Lácteos por 9.000 toneladas (100 de leche, 300 de helados, 2.000 de mantequillas, 2.000 de yogures y otros, 4.600 de quesos)
5. Flores, grasa vegetales, algodón y etanol, con arancel cero y libre acceso
6. Frutas y hortalizas, también con arancel cero y libre acceso

Pero, algunos como azúcar, tabaco y carnes, solo después de copar las cuotas ya permitidas por la Organización Mundial del Comercio.

Entonces, un análisis en la superficie de estas pocas y concretas cifras, el TLC tendría como resultado indiscutible:

1. Adquirir cereales como el arroz y el maíz, que se producen en Colombia
2. Adentrar competencia extranjera en el voyante mercado interno de la carne nacional de pollo, la de mayor consumo en el país.
3. Favorecer con libertad total la expansión del mercado de tabaco, flores, algodón y etanol, perteneciente a sectores ya excesivamente protegidos con subsidios y exenciones de toda índole, que poco tienen de agroindustrias ambientalistas y competitividades, demostrado ello históricamente.
4. Fomentar la salida de lácteos nacionales a los cuales una gran proporción de los hogares de menores recursos no tienen acceso consumidor.
5. Y, hablar de frutas y hortaliza exportables en condiciones de total libertad, podría generar aumentos de precios de estos alimentos al consumidor interno, dado que su cadena productiva actual es en cerca del 50% proveniente de economía campesina y micro agricultores, quedando abierta la posibilidad de algunos grandes proyectos de frutas muy específicas.

Como resumen, un Tratado de Libre Comercio, sin libertad, pues condiciona en el lado exportador entregas máximas anuales, cuotas exportadoras y calidades orientadas a sectores de privilegio colombiano, y en el lado importador una apertura amplia a sectores nacionales de por sí débiles.

En el campo de la inversión, de la adquisición de maquinaria y tecnologías de vanguardia, simplemente se prevé que el mercado de la oferta estadinense abre los brazos a las esperadas compras por parte de algunos poco sectores de gran empresa colombiana. Nada de compromisos cuantitativos y si mucho de facilitación cualitativa a los capitales colombianos dispuestos a importar tecnología que, siempre, solo en el primer mercado mundial se consiguen, lo cual no es ninguna novedad ni exigiría acuerdos de alta política. La tecnología de generación previa si sería adquirible en muchos otros países.

En este borrador de análisis parecieran no estar presentes las telecomunicaciones, los transportes aéreos, los hidrocarburos, la minería. No es así, en el TLC se habla de ellos, pero dado que estas estructuras productivas son de gran empresa no se hizo necesario precisar mayores condiciones de león al ratón amarrado que se enternece con los discursos de sus “líderes”.

domingo, 9 de enero de 2011

PREDICCIONES DEL HORÓSCOPO COLOMBIA 2011

EN EL CINE

Las principales distribuidoras, Cineco, Cinemark o Procinal, continuarán su política comercial de adquisición de filmes económicos o de cintas taquilleras con trascendencia de estricto merchandising, manteniendo sus estándares de costos de equilibrio, pero con rentabilidad al alza. La asistencia del público a las salas mantendrá un carácter elitista y de mínima asistencia, oculto tras las “explosiones dominicales”.

Se mantendrá el desconocimiento de alrededor del 90% de la producción fílmica mundial. Continuará la alianza estratégica con las productoras principales estadounidenses en detrimento de la capacidad de fomento cultural que la producción europea y asiática podría representar para el colombiano común.

Al no existir un canal de distribución de películas de estreno en DVD, ni una importación oportuna a precios alcanzables, el mercado “pirata” mantendrá su presencia entre los sectores de estratos bajos de la población (aparte de un importante segmento de consumidores de alto perfil).

El impacto iconográfico del producto americano mantendrá oculta la importante dinámica cultural de los otros cuatro continentes, significando el mantener un analfabetismo funcional ya crónico y estructural para todos los sectores nacionales, a cuyas demandas las políticas culturales han hecho siempre caso omiso.

EN LA MEDIÁTICA

Los medios de información nacionales persistirán en la difusión de “noticias” del alto nivel político gobiernista, del jet set criollo, del comportamiento de la sociedad de los Estados Unidos y de la farándula americana.

Los medios colombianos insistirán en la información de denuncia acerca de algunos de los más notorios hechos de corrupción, a la espera de que un simple efecto demostración impacte con la disminución de los fenómenos de detrimento patrimonial de los colombianos.

Las preferencias en las denuncias mediáticas irán acompasadas a los intereses de los grandes grupos y proclives a las políticas del Ministerio de las TICs, así como de la Comisión Nacional de Televisión.

La televisión de canales privados mantendrá su carácter de entretenimiento masivo, apoyado por las pautas publicitarias de la media docena de grandes grupos económicos que mantienen propiedad accionaria en los mismos.

El país continuará sin conocer la realidad cotidiana de la sociedad europea, asiática, africana y de Oceanía, manteniendo una deficiente representación cultural de lo que son el 95% de los aconteceres globales.

En el contexto interno, el mayor caudal informativo seguirá siendo proveniente de la capital y del departamento de Antioquia, que si bien representa un tercio de la población y del mercado, significa que las demás regiones no participan y se encuentran parcialmente aisladas de los circuitos económico, cultural y político nacionales.

EN LA POLÍTICA

El Uribismo mantendrá su actividad proselitista en todas aquellas territorialidades en las cuales observó mayores caudales de popularidad durante el ciclo de consejos comunitarios efectuados en los últimos ocho años.

El discurso presidencial Santista seguirá manteniendo el aire de renovación, liberalismo y optimismo general alrededor del ansiado consenso de todas las fuerzas políticas, aunque sin mayores resultados concretos y diferenciados respecto al anterior gobierno.

El clima del conflicto interno seguirá signado por pequeños triunfos de las fuerzas armadas, numerosos actos violentos de la subversión y un escenario de violencia de las Bacrim, mezcla de paramilitarismo en contra de sectores no prosélites y de delincuencia común adscrita a las fuerzas internacionales del tráfico de personas, estupefacientes y armas, todo lo cual seguirá siendo mirado como un tema menor por sectores gobiernistas beneficiados por su actuar.

Se mantendrá un clima de espera a los supuestos resultados de la Reforma a la salud, la Ley para desmovilizados, la “Reforma tributaria”, la ley de Financiamiento y seguros para víctimas de terrorismo y la que otorga subsidios a damnificados.

Este mismo margen de incertidumbre se le concederá al Proyecto que defiende derechos de defensores de DD. HH., o a la Ley de protección de datos personales, o a aquella de Equidad de la Mujer, como también a la que prolonga subsidios de servicios públicos para estratos 1, 2 y 3. Los resultados de la Ley de Tierras o la Ley de desplazados se mantendrán en boca de todos los sectores sin conocerse nada que en la práctica demuestre su eficiencia sobre los cuatro millones de afectados o su eficacia en la contención de los efectos del conflicto interno.

EN LA ECONOMÍA

El país ha de poder mantener un clima de crecimiento estable gracias a las reinversiones en materia de obras de infraestructura con destino a la reparación de carreteras, puentes y demás obras civiles afectadas por el crudo invierno del segundo semestre del pasado año.

Las bonanzas mineras contribuirán pobremente a las arcas estatales con el bajo volumen de impuestos que generan y mantendrán su escaso aporte a la generación de empleo. Las empresas del sector minero continuarán incrementando el uso de capacidad instalada sin aumentar sus rubros de inversión y sin mejoramiento del nivel de tecnología con que cuentan, afectando de manera despiadada el medio ambiente biótico y abiótico de las regiones circundantes a sus excavaciones exportadoras. La exportación de minerales colombianos seguirá contribuyendo a mantener sectores económicos de privilegio y de manera negativa al impacto sin mitigaciones sobre el ecosistema mundial.

Los sectores de exportación cafetera, bananera, palmera y floricultora continuarán siendo afectados por la tendencia a la baja en el comportamiento de la tasa de cambio, permitiendo mantener, tras un lobbying político caracterizado por el clientelismo, las preferencias tributarias y los subsidios enmascarados de impulso económico como muestra del favoritismo por parte de funcionarios del ejecutivo siempre provenientes de estos mismos sectores.

Algunas de las grandes empresas colombianas continuarán ingresando al libre juego bursátil internacional, exportando capitales nacionales e importando parte de la crisis de sectores especulativos fundamentalmente con origen en los Estados Unidos, ocultando tras la búsqueda de beneficios financieros derivados de una supuesta aversión a los riesgos del alto mundo de las finanzas y a la avesada experiencia con la cual realmente no cuentan, un pobre servicio a los intereses nacionales y una ingenua posición importadora de contribución a la resarción de los daños sufridos por el irresponsable mundo de Wall Street.


El 80% de los colombianos seguirán dependiendo de ingresos promedio cercanos al salario mínimo vigente, demagógicamente incrementado por la Presidencia de la República en un inocuo porcentaje al comienzo de este año.

Los indicadores de desempleo continuarán presentando niveles regionales exacerbados y algunos relativamente bajos en ciudades importantes, permitiendo mantener el índice promedio en cifras cercanas al 10%.

El precio de la tasa de cambio ponderada anual se mantendrá en el límite del precio de finales de 2010, con lo cual el efecto en la práctica significará una dolarización de la economía en escala 1:2000 durante el transcurso del año, como un fenómeno esperado de las políticas de salvataje global implementadas por el capitalismo financiero en crisis.

martes, 7 de diciembre de 2010

Pastillitas y sorbitos: Fiscalía, Ley de Tierras


UNO: La nueva Fiscal General de la Nación, de íntimas relaciones con la U (Uribismo), se posesiona para argumentar que requiere estudiar toda la documentación que soporta el caso de denuncia a la exdirectora del DAS y al exsecretario de la Presidencia por los asuntos del espionaje político a magistrados y oposición política. Comienza de esta manera una nueva estrategia politizada de dilación y protección a los responsables de lo que algunos suponen maniobras justificadas “por razones de Estado”, pero otros ven como acciones “delincuenciales” de debilitamiento a las bases de la democracia, al equilibrio de los poderes y a la dialéctica del debate.

DOS: El Presidente de la República acaba de reconocer, ante la XI reunión de la Corte Penal Internacional, que Colombia está intentando implementar medidas de posconflicto (generadoras de expectativas y augurio de frustraciones políticas), sin que se haya dado un verdadero proceso de paz.

TRES: La diferencia entre los 2 millones de hectáreas, de que habla el gobierno, al referirse a la cantidad de tierra propiedad de desplazados y que hace parte de sus programas Ministeriales y sus proyectos de ley en el Congreso, respecto a los 6,5 millones de hectáreas que juiciosos estudios han cuantificado (encuestas amplias, investigaciones como la de la Universidad de los Andes), se explica porque habilidosos políticos saben que la única opción real de reintegro de tierras la dan las expropiaciones de Estupefacientes y algunos resultados derivados de la existencia de evidencia de propiedad en títulos que no se han extraviado y existían previamente.

El gobierno sabe que la única promesa con algún potencial de poder ser cumplida no ha de sobrepasar la cifra pequeña, lo que demuestra que se reconoce, sin expresarlo con honestidad a la opinión pública nacional, que no hay voluntad política real en pro de la solución estructural al problema planteado en la ampulosamente denominada “Ley de Tierras”.

jueves, 2 de diciembre de 2010

LA FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN


Una abogada de la Universidad del Rosario, doctorada en Francia, profesora de Derecho Constitucional, asesora del Ministerio de Desarrollo y de la Asamblea Nacional Constituyente, representante a la Cámara y senadora, ha de manejar 23 mil funcionarios y presupuesto de un billón de pesos, lo cual es una buena respuesta a la demora de elección en la Fiscalía.

No obstante, su discurso sobre que se requiere gestión y administración, perfeccionar el paso de la Fiscalía hacia el sistema penal acusatorio, agilizar las causas, aplicar la ley de las pequeñas causas, lograr “resultados en ejecuciones extrajudiciales, homicidios contra indígenas, sindicalistas, tortura, reclutamiento de menores en el desarrollo del conflicto armado, violencia sexual, amenaza contra los defensores de derechos humanos…”, es al respecto de la Ley de Justicia y Paz como instrumento de Justicia Transicional, al que su perfil personal debe atender. Conoce bien de las interioridades de la Corte Constitucional, tiene el apoyo de la Corte Suprema, cuenta con la experiencia de tres períodos en el Senado, es de buen recibo en las huestes femeninas, pues impulsó la ley de cuotas, la ley de libertad de cultos y la ley de acciones populares, fue ponente de la ley de extinción de dominio y de la ley estatutaria de partidos políticos.

Propugna por el principio de oportunidad como instrumento ad hoc para el perdón, pero son precisamente, las recientes dificultades en este campo, por lo cual los caminos jurídicos mediante los cuales “se busca el paso del período ominoso de nuestra historia hacia la superación del conflicto”, son de difícil implementación, cuando además no le corresponden a sus funciones y sí condicionan políticamente el ejercicio libre de sus buenos deseos en el inmediato futuro.

El país puede interpretar con exceso de expectativas esta elección, pues con tan largo período de latencia de 16 meses se podría suponer que de la Fiscal General depende algo más que la práctica investigativa y de recepción de evidencias, de casos que dependen del criterio del legislador. Su cargo se remite en el mediano plazo a Justicia y paz, sin principio de oportunidad por ahora, Sistema Penal Acusatorio, su fortalecimiento, y Gerencia del mayor presupuesto de la rama judicial. Todo esto, mediando con pasos “políticamente correctos” entre tres aguas, las del Ejecutivo con demasiadas promesas electorales, el Legislativo viciado de parapolítica e intereses en contravía dentro de ley de tierras, reforma a la salud y otras de tan fundamental importancia, y el Judicial, tan progresista frente a los otros poderes, pero tan limitado por presiones provenientes de estos mismos.

lunes, 29 de noviembre de 2010

EXVICEPRESIDENTE, CORTE CONSTITUCIONAL Y EXPECTATIVAS...


Muy interesante resulta la entrevista del exvicepresidente Francisco Santos concedida a Ma. Isabel Rueda (El Tiempo). Es la única persona que, en público, reconoce dos elementos muy importantes en el actual gobierno:
1) que las políticas sociales más importantes "provienen de la Corte Constitucional" (lo cual significa que las propuestas de excandidatos y del actual Presidente Santos no son propias)
2) aunque ello es así, lo malo consiste en que el vicepresidente del anterior gobierno ve en las actuales políticas (de tierras, fundamentalmente) "expectativas que no se van a cumplir".
A los interesados, leer los Autos de la Corte (el 008, por ejemplo). O los comentarios en este blog, referentes a proyectos legislativos en curso.

domingo, 21 de noviembre de 2010

PROYECTOS DE REFORMA A LA SALUD EN COLOMBIA

A quienes interese, este es un resumen de los proyectos del Gobierno y del Senado, en curso para estudio y reforma del Régimen de Salud. Siendo un punto importante de la vida de los colombianos, es de anotar como la propuesta del gobierno es tendenciosa hacia la ratificación de los puntos esenciales del anterior mandato y a dejar en manos del Congreso la definición de sus contenidos finales. Por su parte, el Congreso parece estar orientado a concentrarse en la institucionalidad, vigilancia y delegación plena en el sector privado, con base en la observación de la salud como un servicio, con precio y costos, pagado y contratado por el ciudadano con empresas que deben cumplirle en calidad de contratistas. No obstante cimenta algunos pocos criterios de subsidiariedad un tanto temporales y otro tanto de transición.

PROYECTO DEL GOBIERNO

El Proyecto de Ley Estatutaria de la Salud propuesto por el gobierno con solo cinco (5) páginas simples. busca regular lo que llama “el derecho a la salud”, el cual la jurisprudencia ha aclarado en innumerables oportunidades. La ley hace referencia protocolaria a los principios de acceso, promoción de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, igualdad, solidaridad, equidad, universalidad, calidad y eficiencia, lo cual es simplemente una reiteración que se encuentra en todo documento oficial.
Pero agrega unos principios nuevos, que no tienen nivel constitucional. El de “Capacidad económica”, mediante el cual los aportes al Sistema se harán por los afiliados teniendo en cuenta su capacidad económica, de forma que los más pobres no paguen, y los demás contribuyan con recursos proporcionales a su capacidad económica”, el de “Sostenibilidad”, consistente en que las “prestaciones que reconoce el sistema se financiaran y no podrán exceder los recursos destinados por la ley para tal fin”, proveniente de la constitución donde está referenciado al sistema pensional; y el de “Progresividad”, definido como “la gradualidad en la actualización de las prestaciones incluidas en el Plan de Beneficios, de acuerdo los principios de sostenibilidad y eficiencia; y en la realización de aportes en razón de la capacidad económica”, derivado de la constitución, en la cual va dirigido al sistema tributario.
Para la definición del Plan de Beneficios establece criterios técnicos como el perfil epidemiológico y demográfico, la evidencia científica, Pero incluye “La disponibilidad de recursos y el equilibrio financiero de la Unidad de Pago por Capitación, UPC” y “La priorización, los plazos y metas para la progresiva inclusión o exclusión de prestaciones”, que son elementos contables y de planeación que restringen con criterio empresarial y planificador, algo que no debería detenerse en criterios presupuestales, si se trata de un derecho constitucional.
Obviamente, se excluyen las prestaciones suntuarias, cosméticas y de enfermedades huérfanas. Para acceder a las prestaciones no explícitas en el Plan de Beneficios (actualizable cada dos años), se habla del Comité Técnico Científico de la Entidad Promotora de Salud, que avala o niega lo ordenado por el profesional de la salud adscrito a la correspondiente EPS o IPS, con instancia en SuperSalud y una Junta Técnico Científica de pares. Todos ellos tendrán como referencia los protocolos, guías y procedimientos establecidos… por las sociedades científicas y los colegios médicos, mediando el principio de sostenibilidad, es decir que haya recursos económicos que, para financiar el Plan de Beneficios van con cargo solo a la UPC para financiar las prestaciones no explícitas incluidas en dicho plan. El Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado que se actualizará progresivamente hasta que se unifique con el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo, “a más tardar el 28 de febrero de 2015”.
Buena si es la “portabilidad nacional”, según la cual los afiliados y beneficiarios del SGSSS podrán acceder a los servicios de salud en el lugar del país que lo requieran y que será obligatoria “a partir del 1 de enero de 2012”.
Se agrega un inocuo deber de “autocuidado”, aunque importante, que tiene toda persona para consigo mismo y su familia. Los padres, los centros educativos y los actores del Sistema deberán adelantar actividades pedagógicas… premiadas con menores costos en las cuotas moderadoras o copagos o por cualquier otro. Se establecerán indicadores del estado de salud de los colombianos, así como los indicadores de desempeño para todo el sistema.
Se reitera que los recursos que financian el Sistema tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente y, en consecuencia son inembargables e imprescriptibles.
De esta manera, el proyecto en curso solo sintetiza y resume los aspectos más criticables del ordenamiento existente, quedando además, en caso de pasar la instancia legislativa y la de control constitucional, pendiente toda una serie de reglamentaciones que no podrán contribuir a la solución de la crisis del sistema de salud. Este proyecto solo ratifica los grandes inconvenientes del sistema y deslinda e la responsabilidad el Estado el de Derecho a la Salud, cimentándolo como una función de un sistema privatizado restringido a su presupuesto mal manejado por las entidades que lo conforman. Todo el andamiaje derivado de la Ley 100 hasta hoy, persiste en la práctica y solo se ha logrado una experiencia de irresponsabilidad de cada uno de los actores: el usuario ha manipulado al SGSSS con base en los mecanismo de participación, los aportantes “contributivos” han esquilmado al sistema con la absurda idea de tener un derecho de recuperación personal de los aportes hechos, los usuarios “subsidiados” han sido mal atendidos o han muerto, los profesionales de la salud han contribuido al enredo del Plan de Beneficios y la insuficiente calidad del sistema, las EPS e IPS han desorientado los recursos hacia la finca raíz y la especulación financiera. Los sucesivos gobiernos no han ejercido con severidad legal los controles existentes en la letra normativa y, recientemente, ha demagogizado la prestación del servicio con la simple expedición de carnets traduciendo ello como expansión de la cobertura y manipulando de esta forma algunos de todos los indicadores de desempeño ya existentes.

PROYECTO DE SENADO

Por su parte, el otro proyecto de ley de reforma a la salud, propuesto por la Senadora Dilian Francisca Toro en veintiocho (28) páginas, busca introducir elementos de institucionalización. Escinde el Ministerio de la Protección Social en los ministerios de Salud Pública y Seguridad Social y el Ministerio de la Protección Social y Empleo.
Agrega principios de pertinencia y escasez. Como si este último fuera, además de una realidad posible de cambiar, un principio insoslayable: “Los fines de la salud y el bienestar disponen para su realización de medios escasos con aplicaciones alternativas”.
Establece, con base en que la salud es un “servicio”, el Observatorio de Salud Pública para el monitoreo actuarial de precios de servicio, insumo y medicamentos, adscrito a la Comisión de Regulación en Salud, CRES. Dentro de ello está la “indexación” de la UPC a la inflación y los cambios de precios.
Más importante aún, introduce el Aseguramiento en Salud, que es la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, exigiendo que el asegurador asuma el riesgo transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud.
Las EPS e IPS estarán obligadas a cumplir con sus responsabilidades, previo dicho aseguramiento, lo cual es una ratificación del principio no declarado de privatización plena de este servicio.
Un raro principio, el de Obligatoriedad de afiliación al SGSSS, busca sustentar la política de expansión nominal de cobertura, aunque con la tácita búsqueda de que todo ciudadano cotice, prepague, el servicio.
En general, el proyecto pretende algo plausible que es la ratificación de muchas de las normas incumplidas hasta el momento por las entidades del sistema, Superintendencia y demás.
El proyecto establece las funciones de los Comité y Junta Técnicos Científicos del proyecto del gobierno. Le complementa con la inclusión de dos puntos del IVA específicamente orientados a la unificación del régimen subsidiado al contributivo, además de prever un incr5emento concreto anual en el Sistema General de Participaciones en salud, SGPS. A las Enfermedades y Procedimientos de Alto Costo ó Catastróficas, las hace dependientes en su definición de conceptos periódicos de la CRES. Así mismo intenta un control de procedimientos y facturación entre actores del sistema.
Agrega a su institucionalismo. La creación del Defensor de Salud y del sistema de Inspección, Vigilancia y Control a niveles territoriales. También, parafrasea una serie de procedimientos, conductas sancionables y multas a infractores del sistema en toda su cadena constitutiva.
Es así como, este proyecto resulta aditivo y tiene un énfasis institucionalizante y reglamentario del enviado por el gobierno a estudio del Congreso.
En adelante habrá de agregarse alguna iniciativa nueva que surja de congresistas en medio del debate que ya se encuentra en curso.

domingo, 14 de noviembre de 2010

LA COBERTURA EDUCATIVA BÁSICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA

Del programa “Prosperidad para todos” del Presidente Santos, se desprende el “Camino a la prosperidad” que parece ser la denominación al programa educativo. En este último enfrenta dos grandes problemáticas actuales. La primera es que “no hay cobertura total al inicio ni al final del ciclo educativo” y la segunda que “donde sí la hay la educación no tiene suficiente calidad”.

Respecto a este tema de la cobertura, vale la pena realizar el siguiente escalonamiento de cifras para concluir algo muy grave, presente siempre, pero poco consciente para los colombianos:

Niños que deberían ingresar a la primaria 100 (20% no ingresan)
Niños que ingresan a la educación media 80 (16% desertan)
Niños que terminan el bachillerato 67 (59% no optan por educación superior)
Personas que ingresan a educación superior 28 (55% desertan)
Personas que egresan como profesionales de pregrado en educación superior 12

De los 67 bachilleres por cada 100 colombianos, solo 9 (11%) comprenden el inglés.
De estos mismos solo 3 acceden a un computador (4,7%).

Por otra parte, según la UNICEF (Vargas), de las personas empleadas el 70% es analfabeta funcional, pues no comprenden bien los escritos relacionados con sus funciones ni entienden de manera correcta las funciones mismas. Lo que es peor, de los ejecutivos (pertenecientes al 12% que se pregradúa de educación superior) y que se encuentran trabajando, un 80% es incapaz de redactar documentos medianamente inteligibles.

Cabe recordar que de un documento denominado de los "7 sabios", entre los cuales Llinás o García Márquez, hace ya dos décadas, se expresaba con claridad escueta que la educación superior debía ser elitista para una mejora de su calidad. La realidad ha logrado elitizar la educación profesional, pero no elevar la ansiada calidad de los egresados.

Cobertura y calidad: enorme desafío para este y todos los gobiernos que han sido y serán!!!

domingo, 7 de noviembre de 2010

Pastillas y sorbos de corrupción

La corruptela política ha sido siempre una característica, tanto bajo el sistema bipartidista como del sistema multipartidista. Con el ordenamiento constitucional del siglo pasado o del actual, en descentralización administrativa o no, la corrupción ha sido una esencial práctica política del país. Con sus varias modalidades, la corrupción ha sido entrañada en el Estado como una conducta burocrática de obstaculización a las libertades ciudadanas en sus transacciones con las jerarquías en el gobierno. Ha estado omnipresente como clientelismo malversando las relaciones privado-públicas. No debe negarse, sin embargo, que en el ámbito electoral fue algo más propio de la carta de 1886 que de 1991.

No obstante, por generaciones el ciudadano colombiano ha pensado en el ingreso al aparato estatal como una opción de ascenso social y de enriquecimiento personal, ya como funcionario de libre remoción o como sujeto de elección popular.

El ciudadano con ambición de funcionario comienza por adentrarse en un proceso poco transparente de ingreso a la nómina burocrática, pesada, ineficiente e ineficaz, para luego ocultarse en la maraña de trámites y procedimientos, pudiendo recibir prebendas por desenredarlos a quien se lo solicite.

El político que juega al azar de la elección por voto popular empieza requiriendo ayudas pecuniarias, comprometiendo mal su palabra con sus protectores y con su elector. Desea ser influyente para pertenecer a la cadena de “valor” que lleva a la contratación pública. Acceder a comités de toda índole para contar con información supuestamente necesaria para triunfar en las convocatorias.

El funcionario quiere ser intermediario de las relaciones con el sector privado en áreas de auditoría, de contraloría, de revisión, de superintendencia o de fiscalización de cualquier clase. Ser puente entre la anomalía y la reglamentación, inclinarse a favor de quien más delinque para obtener una porción del ilícito. El cálculo debe hacer bien y preciso, pues las sumas deberán compensar ingresos faltantes entre los tiempos muertos que hay en el paso de un cargo a otro. De allí el constante rumor de los agentes privados sobre la nueva ubicación pública del funcionario para reencontrarlo y diseñar la componenda de otro negocio.

El asesor o el consultor desean dar relieve tangible a su intangible conocimiento. Pertenecer a las nóminas paralelas es uno de los más cómodos procedimientos corruptos pues, sin enfrentar la responsabilidad del titular, se cree incidir en las decisiones de alto calibre pero con usufructo de pagos mayores por honorarios y otrosís contractuales.

El abogado, no todos, se afianza en el hecho de que el ciudadano de a pie no lee la ley a disposición pública, pues no la entiende, y de allí la prevalencia del “jurista”. El abogado, presente en muchas partes, ostenta su “lecturabilidad” y cobra por enredar al sistema penal, al contencioso administrativo o al contractual.

El contratista, tiene a su favor una figura que es la del interventor. Este ayuda a pasar por alto los controles, facilitando los abonos provenientes del erario público, pasando por alto ciertos estándares de calidad o, en el menor de los casos, permitiendo la ineficiencia del proceso, amparando fallas de planeación, demoras, incumplimientos, así al final la obra o el servicio queden entregados.

Así, el Estado colombiano no es un escenario de gobierno y oposición política, sino un ámbito de prevaricación dolosa y culposa, de cohechos y denegaciones, de malversaciones, fraudes y exacciones en el aparato burocrático, enfrentado a la competencia de descrédito de viudos del poder que desean ocupar posteriormente las posiciones o escaños atacados para continuar con las mismas conductas, pero en su propio favor económico y político.

Es a esta maraña a la que se califica de manera equívoca de inteligencia política, de ejercicio altruista de la carrera política, de conocimiento de los altos valores en la conducción de las riendas del Estado. Pero es un proceso histórico de ennoblecimiento inútil de algunas siguientes generaciones y apellidos que persisten en el mismo camino de manutención de una élite que finge y funge de cuadro intelectual y tecnocrático.

jueves, 14 de octubre de 2010

LA IMPUTABILIDAD DEL NIÑO EN COLOMBIA

Acerca de la imputabilidad penal a menores de edad, existe un debate actual en el país que enfrenta a políticos y académicos, principalmente, debido a la creciente delincuencia infantil en condición de testaferrato inimputable que sirve a adultos que les dirigen. ..

La academia petulante afirma que por convenio, que hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano, niño o niña es todo menor de 18 años. No habría una diferencia legal entre niños, niñas y adolescentes, como reza la ley de infancia y adolescencia. Afirman que cualquier propuesta contraria busca educar bajo el castigo y la penalización y que ello significa una irresponsabilidad social y una ineficacia educativa que no se puede permitir ni reconocer.

Cabe recordar, que así como hay países en donde no se ha establecido claramente una edad penal, existen muchos en los cuales la edad establecida es increíblemente baja. En Australia, Bangladesh, Chipre, Ghana, India, Myanmar, Nigeria, Siria y Yemen, por ejemplo, la edad penal se ha fijado a los 7 años.

Para los políticos, lo anterior es un indicador de que el Estado no tiene una idea clara de lo que la ley penal puede ocasionar con los niños y jóvenes, y no aprecia el daño que puede causar. Una edad de responsabilidad penal demasiado baja es un "indicador" de “niñez no deseada” porque muestra que el Estado no ha revisado su sistema penal con el objetivo de promover el desarrollo saludable de los niños.

Por otra parte, en estudios de la ONU con base en informes procedentes de 158 de los 192 Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño, se ha concluído que: “Es frecuente que en un mismo país exista una ley que obligue a los niños a permanecer escolarizados hasta los 14 o 15 años de edad y simultáneamente otras leyes que les permiten trabajar a una edad más temprana, casarse a los 12 años o ser declarados responsables en el plano penal a partir de los siete” (ONU, 2004).

Al menos en 25 Estados del planeta no existe educación obligatoria para los niños: diez de ellos pertenecen a la región del África Subsahariana, seis a la de Asia Oriental y el Pacífico, cuatro a la de los Estados Árabes, tres a la de Asia Meridional y Occidental y dos a la de América Latina y el Caribe. Solamente 45 de las 158 naciones estudiadas en el informe han alineado la edad en que finaliza la escolarización obligatoria con la edad mínima para poder trabajar. Hay 36 países donde está permitido emplear a los niños en jornada completa cuando todavía tienen la obligación de ir a la escuela todo el día. En cambio, otros 21 países se sitúan en el otro extremo, ya que después de finalizar sus estudios obligatorios los niños tienen que esperar un año como mínimo, y a veces hasta tres, para poder trabajar legalmente.

Según la ONU, en 38 países del mundo no se ha fijado todavía una edad mínima para contraer matrimonio: 15 están situados en la región del África Subsahariana, siete en Asia Oriental y el Pacífico, seis en América Latina y el Caribe, cuatro en Asia Merididional y Occidental, cuatro en los Estados Árabes y dos en América del Norte y Europa Occidental. En otros 44 países se autoriza que las muchachas contraigan matrimonio a una edad más temprana que los varones. Además, en muchas partes del mundo se considera que las muchachas menores alcanzan la mayoría de edad en cuanto se casan, con lo cual se ven privadas de la protección que les ofrece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

En Colombia, la Ley de Infancia y Adolescencia establece entre 14 y 18 años la responsabilidad penal del niño o niña. Estas personas no serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales y se les aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa.

La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5) años. En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) años.

Parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por el establecimiento de presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el compromiso de no volver a delinquir y guardar buen comportamiento, por el tiempo que fije el juez. El incumplimiento de estos compromisos acarreará la pérdida de estos beneficios (Ley 1098 de 2006). Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren de la respectiva autorización.

En resumen, en Colombia el niño, la niña y los adolescentes (que son conceptos diferenciados), trabajan con permiso desde los 15 y sin autorización e informalmente desde cualquier edad. Pueden ser privados de la libertad (bajo ciertas condiciones específicas) a partir de los 16, y ser responsables penalmente desde los 14.

¿Existe ineficiencia en la aplicabilidad de la ley? ¿Es falta de presupuestos lo que impide la aplicación de lo descrito, acerca de centros de reclusión especializados? ¿Es desconocimiento del contexto internacional y de la ley nacional lo que permite que la academia y la política debatan en el desierto?

martes, 5 de octubre de 2010

YA ESTÁ MONTESINOS, ¿Y FUJIMORI?


El Procurador General de la Nación, es solo el simple jefe de personal de la nómina gubernamental, no pertenece a la rama judicial, cabe recordarlo, ni puede retirar la investidura a Congresistas. Tampoco emite fallos que generen jurisprudencia alguna.

Pero, publica conceptos con disfraz de fallo ante la opinión ignara.
Inhabilita, para el ejercicio de cargos públicos, solo a quienes están destinados a chivos expiatorios: del DAS, de la UIAF, de la Secretaría de la Presidencia y otros tantos. Rivaliza con el Consejo de Estado en el caso de una Senadora bajo el cargo de "extralimitación de funciones", ¿cuáles serán las evidencias válidas en caso de juicio de carácter penal?
Opina sobre la ley de aborto, uno de los avances democráticos recientes en la juridicidad del país, queriendo restarle piso buscando hacer aprobar un proyecto de ley, a lo cual todos los colombianos tienen derecho, con el fin de fundamentar en la objeción de conciencia el derecho de los profesionales de la medicina a negarse en la atención de un mujer que cuente con alguna de las tres causales legales que le permiten libertad en las decisiones sobre su propio cuerpo. Previamente adjetiva el aborto como delito de lesa humanidad, todo aborto incluídas las tres opciones tarapéuticas aprobadas mediante fallo de la Corte Constitucional.
El PGN es un Savoranola del pasado metido a un país de la modernidad. Es un burlón de los logros de la Constitución de 1991.
Debe entonce preguntársele: un Secretario de la Presidencia actuaba con desconocimiento de su jefe inmediato, el Presidente de la República? ¿Si Bernardo Moreno fue inhabilitado administrativa, no penalmente, por 18 años, acusado de espionaje, qué pasa con Alvaro Uribe su jefe?
O Uribe es muy lerdo e ineficiente y sus subordinados hicieron lo que les pasó por la gana, o debe responder. Si ya se conoce el Montesinos colombiano del espionaje a la oposición, a los Magistrados y a empresarios privados ¿cuándo se sindica al Fujimori de los últimos ocho años?
El Procurador, en su talante político de hacer lo que no le corresponde, debería emitir un concepto, del cual "compulse" (le encanta la palabreja) copia a la Comisión de Acusaciones, que es a quienes corresponde indagar, investigar y condenar Presidentes.
La reciente reentrada de Uribe a la política regional busca fortalecer la variable de opinión pública con el fin de mover los hilos de la tramoya del escenario de Santos. Busca dirigir una obra dramática que permita presionar Fiscal gobiernista, limpiar sumarios, guardar la espalda penal de parapolíticos y funcionarios violadores de los derechos y garantias fundamentales de carácter constitucional.
Ahí, en ese límite, no se "extralimita en sus funciones " el señor Procurador. Ahí no simula severidad equívoca e interesada, esa figura anacrónica, retardaria, retrógrada e involucionante de la política colombiana.

domingo, 26 de septiembre de 2010

LAS “ALTAS” CONSEJERÍAS PRESIDENCIALES

Con criterio de eficiencia administrativa, el sanedrín presidencial tiene ahora 12 Consejerías que intermedian de manera preparatoria con los Ministerios en los asuntos atinentes. Parecen no generar nuevos presupuestos, ni contar con decisión de mando: son Consejerías solamente.
No obstante, aparecen en diversas fuentes como “Alta Consejería para….”. Eliminando lo de la ampulosa, innecesaria y soberana “Altura…”, los doce apóstoles son las siguientes:

Sandra Bessudo: Consejería para la Gestión Ambiental
Samuel Azout: Consejería para la Prosperidad Social
Germán Chica: consejería para Asuntos Políticos
Alejandro Eder: Consejería para la Reintegración
Sergio Jaramillo: Consejería para la Seguridad Nacional
María Lorena Gutiérrez: Consejería para el Buen Gobierno
Catalina Crane: Consejería para la Gestión Pública y Privada
Juan Mesa: Consejería para las Comunicaciones
Miguel Peñaloza: Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana
¿??: Consejería para la Convivencia Ciudadana (Alfredo Rangel no aceptó)
¿??: Consejería de Programas Especiales
¿??: Consejería para la Equidad de la Mujer

¿Sanedrín? En la historia de hace poco menos de 25 siglos tuvo unas tres etapas en sus primeros 500 años. La primera como consejeros de Moisés y compuesto por nobleza sacerdotal judía; la segunda, cuando sus miembros fueron diezmados de 60 a 15 por Herodes El Grande, debido a que se habían atrevido a recordarle cuáles eran los límites de su poder; la tercera, cuando en época de Poncio Pilato obtuvo funciones judiciales en lo civil y penal con poder para determinar condenas de muerte y como tribunal de jueces inquisitorios la historia les recuerda confabulados para presentar evidencias en el juicio a Jesús.

¿Qué tipo de Sanedrín será el de las “Altas” Consejerías Santistas?
¿cercanos al César, o a Dios? ¿jueces o apóstoles?
¿Será preferible pensar en ellos como sencillos Apóstoles, algunos infieles, otros mártires, todos ingenuos?

(Ver MInisterios de Santos, en este blog)

jueves, 23 de septiembre de 2010

LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA CAPITALISTA



Por efecto de síntesis, dado que es el tema más preocupante luego de la caída del muro de Berlín, del inicio del tercer milenio y de la crisis del capitalismo, esta es una lista tentativa de los que se pueden considerar como los factores estructurales que inciden en que el sistema capitalista no sea "El fin de la historia", o no represente la finalización de la búsqueda del mejor modo de producción social, pronosticado por Francis Fukuyama:

POLÍTICA:
Persistencia de las oligarquías
Permanencia del poder en grupos invisibles
Parcialidad de la democracia participativa
Prevalencia de un sistema electoral “mercantilizado”

DEMOCRACIA:
Democracia de promesas incumplidas
Corrupción de la democracia representativa
Poca transparencia de los controles de propiedad privada

ECONOMÍA:
Contabilidad no estandarizada
Auditorías e interventorías ineficaces
Especulación bursátil
Titularización de activos vs inversión productiva
Emisiones sin control
Crédito con riesgo
Telarañas de grupos empresariales
Evasión de impuestos
Simbiosis cuenta de propietario y cuentas empresariales
Monetización de bonanzas
Paraísos fiscales
Crecimiento del PIB vs el desarrollo humano

JURIDICIDAD:
Debilidad del sistema contractual
Inseguridad jurídica
Rama judicial no elegible por voto popular

EDUCACIÓN:
Deserción
Baja eticidad docente
Prevalencia de la hermenéutica
Unidimensionalidad de pensamiento
No integralidad
Currículos teóricos
Esquema conceptual y paradigmas

TECNOLOGÍA:
Atadura de innovación tecnológica a producción bélica
Tendencia a restar libertad a la red de redes
Inviabilidad de las fuentes de energía alternativas ya existentes

VALORES:
Sexismo
Marginación
Segregación
Consumismo
Intento de control de cultos religiosos

Próximante algunas "Pastillas y sorbos" darán cuenta de cada punto, en opinión del blog.

martes, 14 de septiembre de 2010

LA MATRIZ DOFA DE LA LEY DE TIERRAS


Debido al pequeño espacio de un blog y a la necesaria lectura rápida en internet, se plantean de manera sucinta las debilidades y fortalezas internas a la propuesta legislativa sobre tierras, así como sus amenazas y fortalezas, con base en la exposición de motivos que el gobierno ha presentado al Congreso y a ciertos comentarios del editorial de El Tiempo (domingo 12 de sep.):

AMENAZAS

El gobierno no prevé de manera realista que:

- El INCORA o el INCODER declararon caducados los títulos de beneficiarios de reforma agraria cuando se desplazaron y readjudicaron las parcelas. El IGAC englobó los predios despojados en otro mayor, alterando el catastro para desaparecer la cédula catastral de los despojados.

- Los dueños de las tierras han denunciado cartel de 'arrebatatierras' formados por abogados de desplazados.

- La iniciativa está en los congresistas y su base política.

- Se requieren créditos blandos, asistencia técnica, acceso a mercados e infraestructura rural.

- El ministro Restrepo quiere desplegar la formalización de 1,2 millones de predios rurales y la modernización del avalúo catastral, “que hoy vale para toda Colombia la ridícula suma de $70 billones de pesos”.

- Llegó el momento de sanear los títulos de las tierras, detener la apropiación ilegal y reducir la histórica concentración.

- Fortalecer la extinción de dominio de medio millón de hectáreas y facilitar el cierre de la frontera agraria.

DEBILIDADES

El gobierno cree que:

Se le considera parte de una política de paz.

- 750.000 hogares campesinos desplazados en dos décadas, 60% abandonaron tres millones de hectáreas, y hace creer que “todos” eran propietarios..

- 2 millones de hectáreas para repartir son poco con respecto a 40 millones de hectáreas para uso agropecuario nacional, lo cual no alterará la estructura de la propiedad ni quebrará a los terratenientes.

- 2 millones de hectáreas de testaferros y usurpadores que cuentan con mayores recursos para conservarlas en un trámite judicial ordinario.

- Se construirá un 'registro de tierras despojadas' que reunirá la información catastral necesaria para acreditar los reclamos de las víctimas y la reconstrucción geográfica de cientos de miles de predios, linderos y títulos en las áreas golpeadas. Después del trámite parlamentario, se entrará en el montaje de este ambicioso aparato de identificación, medición, valoración y titulación de miles de predios.

FORTALEZAS

El gobierno cuenta con:

- Corte Constitucional y su Auto 008 de enero 26 de 2009

- Diseñar un sistema de justicia transicional capaz de restablecer los derechos usurpados por violencia

- Contar con normas excepcionales, que den prelación a los derechos perdidos, aunque cuenten con pruebas precarias y una gran debilidad de defensa legal, sobre los derechos usurpados, pero que ostenten todas las pruebas legales y grandes capacidades de defensa judicial.

- La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras de Desplazados será quien impulse el proceso, aporte los elementos probatorios que permitan al juez dictar la sentencia, en corto términos… y que determine las sumas que deba pagarse a los terceros que hayan demostrado sus derechos legítimos en el proceso.

- No se trata de disputas civiles para establecer la titularidad de los derechos de propiedad entre particulares dentro de una legislación ordinaria, sino de atender las consecuencias del conflicto armado sobre la estabilidad territorial del campesinado, para lo cual se requiere una ley de justicia reparativa.

- Por el principio de legalidad de los contratos, quien demuestra buena fe tiene derecho a que el juez le reconozca una indemnización en dinero equivalente a su derecho. En cuanto a la tierra, debe prevalecer el derecho del despojado a la restitución de su inmueble, como una consecuencia de la función social de la propiedad. Resulta procedente presumir afectadas por la fuerza que vicia el consentimiento las transferencias del dominio motivadas por violencia armada, reconociéndola como causa que anula la voluntad en los contratos.

- Registro Único de Predios y Territorios Abandonados –RUPTA-, los predios protegidos por los Consejos Municipales de Atención a la población desplazada y el RUPD –Registro Único de Población Desplazada de Acción Social y el registro llevado por Pastoral Social del Episcopado.

- Creación de una jurisdicción agraria especializada en restitución.

OPORTUNIDADES

El gobierno propone acciones que serán las siguientes:

“1) la creación de un sistema georeferenciado sobre despojos de tierra y la acreditación de los derechos despojados a las víctimas,
2) la determinación de áreas prioritarias de restitución,
3) la clarificación del dominio sobre baldíos y la titulación de los mismos a quienes fueron despojados de posesiones en áreas prioritarias de despojo,
4) la revocatoria de decisiones administrativas de caducidad de títulos de adjudicatarios de reforma agraria cuando hubiere habido abandono forzado,
5) la creación de un programa nacional de formalización de la pequeña propiedad,
6) la actualización catastral en áreas prioritarias de restitución de tierras en consulta con las comunidades locales y las asociaciones de víctimas del despojo,
7) la homologación de los sistemas de catastro y registro de instrumentos públicos y privados en las áreas prioritarias de restitución, para registrar los derechos de tenencia, posesión y propiedad abandonados por los desplazados,
8) el acompañamiento productivo y la coordinación de la provisión de servicios estatales de desarrollo rural a las iniciativas de retorno colectivo de desplazados a sus predios o a predios entregados en compensación,
9) la entrega de tierras y subsidios de vivienda a campesinos sin tierra, desplazados por violencia sin tierras y desplazados por riesgos ambientales, y
10) la focalización de programas de desarrollo rural en áreas de restitución de predios despojados, para reconstruir las comunidades afectadas”.

Ver en este blog: Pastilla y sorbo en ley de tierras; También: RELACIONES CONGRESO GOBIERNO, LEY DE TIERRAS Y DISTRACTORES POLÍTICOS)

lunes, 13 de septiembre de 2010

Pastilla y sorbo en ley de tierras

Para que el proceso de aprobación de ley de tierras y de realización de los programas de reintegro de predios a desplazados por la violencia sea viable, los Ministros y la opinión pública deberían dejar el tono amplio de la promesa política que se encuentra implícita en el tema.

1. El país y sus gobernantes deben partir de recordar que aún no se ha entrado en una etapa de posconflicto, el conflicto sigue.
2. Los predios expropiados por Estupefacientes resultan posibles de entregar a necesitados, así como resulta realista pensar en indemnizar a propietarios que adquirieron tierras de manera legal y que pertenecían a personas que fueron desplazadas por la acción de los actores de la guerra.
3. “La revocatoria de decisiones administrativas de caducidad de títulos de adjudicatarios de reforma agraria cuando hubiere habido abandono forzado” es obviamente realizable pues depende de decisiones tomadas por entidades públicas,

Pero no es políticamente correcto:

1. Abordar la actualización catastral a nivel nacional como meta inmediata con el supuesto de incrementar el pírrico impuesto predial pagado hoy. Esto le restará piso en el Congreso al ambiente político que se requiere para aprobación de los aspectos realistas del proyecto de ley.
2. No reconocer que dentro de la masa de desplazados solo una mínima parte eran propietarios (aunque el auto 008 habña de 67%, vía declaración de los mismos desplazados...???). El desplazamiento difícilmente tendrá solución con esta ley.
3. Agigantar esta política parcial de tierras y presentarlo con demagogia histórica.
4. Generar un escenario de debate que toca el problema a nivel demasiado amplio, desatender lo factible en el momento y entorpecer el camino de la devolución jurídica viable para una nueva frustración histórica.

¡!! Más acciones y realismo, menos promesas inalcanzables, por favor ¡¡¡

Alcanzar gobernabilidad durante cuatro años con una suma de intentos, letra legislada, eruditos debates y unos cuantos muertos por retaliación, solo quedará para análisis teóricos de sus causas dentro de una década.

domingo, 5 de septiembre de 2010

RELACIONES CONGRESO GOBIERNO, LEY DE TIERRAS Y DISTRACTORES POLÍTICOS


El gobierno Santos tendrá un estilo realista, pero es “demasiado” pragmático y poco utopista, pues hay mucho del ser y poco del deber ser. Tiene tanto de liberal y demócrata, como de poca tendencia a los cambios que requiere el país. Cuenta con un Ministerio del Interior lleno de frases,, pero con pocas propuestas legislativas fuertes. Hay más Ministro de Agricultura que ambiciosas políticas de tierras. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá más de empresa ecoturística que de epicentro de políticas y normativas de un Estado que busque la sostenibilidad en el campo y la urbe. El gobierno tiene un buen Ministro de Hacienda, pero poco de innovadoras ideas para convertir el erario en locomotora de las “cuatro locomotoras” del Presidente. Se ven hace un mes, e incluso antes, mucho de acercamientos mediáticos y amistosos con la rama judicial, pero poco de intenciones en reconocer su autonomía.

Otro elemento fácilmente identificable del gobierno en curso es querer dejar al albedrío de los debates en el Congreso los proyectos de ley y la suerte de las realizaciones importantes. Es un gobierno más administrador que gestor, que erróneamente deja al juego del lobbying congresional la suerte de medidas profundas, que no pasarán, para centrarse en la gerencia de comercio externo, en la administración de relaciones públicas con los medios y en la asistencia a las regiones, con menor frecuencia que su antecesor, tratando de mantener pulida la imagen política que se desea dejar para la historia.

Será un gobierno de distractores. La ley de tierras va encaminada solo a destrabar algo que suma unos dos millones de hectáreas respecto a los quince millones que se encuentran en esta situación de “legalización” apropiada por los grupos extremistas, tras el proceso de desplazamiento más aterrador que han vivido la historia y el mundo (14,3% del total de los desplazados mundiales a 2010). Las propiedades en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes representan no más que medio millón de hectáreas (un 3,3% de las que se encuentran apropiadas indebidamente y sin explotación) que, en el mejor de los casos y luego de demagógicos y largos debates de senadores y representantes, serán luego repartidas en un teatro miserable de consuelo masivo a unas pocas familias agradecidas, dejando de nuevo engañado al país.

El periplo legal de tierras, del cual no ha quedado cambio estructural alguno, se puede resumir en Ley 200 de 1936, Ley 100 de 1944, Ley 135 de 1961, Ley 1ª de 1968, Leyes 4, 5 y 6ª de 1973, Ley 35 de 1982, Ley 30 de 1988 y Ley 160 de 1994, así:

Ley 200 de 1936, explotación económica de los predios de manera obligatoria, derecho de dominio sobre los mismos o su restitución al Estado, derecho de los trabajadores rurales a las tierras
Ley 100 de 1944, contrato de arrendamiento y de aparcería son de utilidad pública y de diez a quince años causal de restitución al Estado de los predios no explotados
Ley 135 de 1961, creó el Comité Nacional Agrario, partidos políticos, Congreso, Iglesia y Fuerzas Armadas para adelantar el proceso de reforma agraria en dotación de tierras a campesinos carentes, adecuación de tierras para ponerlas a producir y dotación de servicios sociales básicos. Creación del INCORA y otros organismos agrarios.
Ley 1ª de 1968 de Arrendatarios y Aparceros, nuevos causales de expropiación, reglamenta la Unidad Agrícola Familiar, UAF, a fin de proteger y regular la tenencia y explotación de las porciones de tierra distribuidas individualmente a los campesinos beneficiarios, principalmente en lo relacionado con su venta o transferencia.
Ley 4ª de 1973, reducción de trámites de adquisición de tierras mediando negociaciones directas, establecimiento de la renta presuntiva agrícola para penalizar su apropiación improductiva.
Ley 5ª de 1973, sistema de financiamiento para el agro con el Fondo Financiero Agropecuario.
Ley 6ª de 1975 aparcería, reformó la Ley 1ª de 1968.
Ley 35 de 1982, dentro de la ley de amnistía el INCORA dota de tierras y provisión de otros servicios a las personas indultadas.
Ley 30 de 1988 que en términos generales reglamenta procedimientos generales a todo lo anterior.
Ley 160 de 1994, dinamiza la redistribución introduciendo el concepto de propiedad a través del mercado de tierras, mediante un subsidio para la compra directa por parte de los campesinos facilitando la negociación directa entre propietarios y campesinos.

Por otra parte, la discusión sobre la macroeconomía de la tierra y la propiedad de la misma solo ha dejado claro que:

1% de los propietarios es el dueño de casi el 60%, 27 millones de has.
67% quizá dedicada a la ganadería, unos 30 millones de has.
33% de la tierra es cultivable, 15 millones de has.
5,1% (0,8 has) se dedica al cultivo de alimentos, 28,2% (4,2 has) a otros cultivos y 66,7% (10 has) está sin cultivar.
55 % de la comida se cultiva y cría en el 1,7% de la tierra y el resto de alimentos 45% es de origen importado.

El Ministro agrícola es el encargado de arreglar el tinglado para unas medidas mínimas que hay que maximizar políticamente, distrayendo al público que asiste a ver obras sobre “resarcir víctimas y propiedad contra la pobreza y el hambre”, de las cuales lo único que quedará dentro de cuatro años es recordar a Gabo:

“y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Pastilla del empleo en Colombia 2010


Mill. de
Personas
12 a 65 años Clasificación
7,34 equivalentes a 34,2% Desempleo subjetivo
2,79 equivalentes a 13,0% Desempleo objetivo
2,70 equivalentes a 12,6% Desempleo, tasa de
8,63 equivalentes a 40,2% Empleo, Tasa de ocupación
21,46 equivalentes a 100,0% Población económicamente activa

45,68 equivalentes a 47,0% Población total
24,22 equivalentes a 53,0% Población dependiente

El total de la población desempleada es de 2,7 millones (12,6%) El total de la población subempleada en trabajos formales e informales es de 7,34 millones (34,2%)

Son subempleados quienes creen que su remuneración es insuficiente, o su trabajo está por debajo de sus capacidades, o no trabajan el tiempo suficiente.

Los subempleados subjetivos no hacen gestiones para encontrar otro trabajo.

Los subempleados objetivos si hacen gestiones para encontrar otro trabajo.

La población económicamente activa en Colombia es de 21,46 millones y sus edades oscilan entre 12 a 65 años en la zona urbana, en la zona rural es de 10 a 65 años.

viernes, 27 de agosto de 2010

El Metro de Bogotá y el General...

No es de costumbre en este blog citar opiniones ajenas, pero en este caso se debe hacer una excepción. Acerca del tremendo error ciudadano que es llevar a cabo el proyecto Metro en la capital opina en el periódico El Tiempo de hoy, quien abajo firma:

"De las cifras, no del comentario de Peñalosa, que podría considerarse desfigurado por razones políticas, se deduce que a Bogotá la dejó el metro como solución de su agudo problema de movilidad urbana. Los costos comparativos con el TransMilenio son de tal magnitud, que sería necio persistir en la idea obsesiva del tren subterráneo. Lo que la lógica aconseja ante semejante realidad es concentrar todos los esfuerzos en la ampliación del TransMilenio, incomparablemente menos costoso, más rápido de construir y con más del doble de capacidad transportadora por trayectos similares. La Nación ha fijado ciertas condiciones para aprobar el empeño bilateral. Importante verificar si las condiciones se cumplen o simplemente se allanan sobre cálculos optimistas, que resultan superados billonariamente por la realidad, los sobrecostos, el engordamiento de bolsillos ajenos, los interventores que no intervienen, en fin, las mil maneras de defraudar a los gobiernos, que los protagonistas conocen mejor que nosotros".

"Conclusión: si el propio Secretario saliente de Hacienda descalifica el metro, aun sin proponérselo, los ciudadanos no podemos dejárnoslo embutir a la brava. De aceptarlo con resignación de borregos, estaremos prohijando la crisis que ciudad, nación y nuestros hijos habrán de sufrir en un futuro cercano".
alvatov2@yahoo.com
Álvaro Valencia Tovar

Sin embargo,habrá que aceptar que política y democracia suponen que los mecanismos previstos de todo orden, electoral administrativo, jurídico y presupuestal, den curso a las decisiones que pasan por las instancias primarias para ser ejecutadas por las gestionarias. El Metro se está "colando" como una irracional decisión gracias a la deshonesta propuesta del Polo y a la necedad de los funcionarios de turno en desconocer a la academia, los expertos, las cifras y, en general, la realidad y la razón.

Ver "Pastilla y sorbo amargo del METRO en Bogotá" más abajo en este blog

domingo, 22 de agosto de 2010

Pastilla y sorbo amargo del METRO en Bogotá


¿Cómo se da la ocurrencia de presupuestar US$66,6 por kilómetro en la construcción del Metro de Bogotá, cuando los últimos costos en el mundo son de US$230 por kilómetro?

La ayuda de la Nación, consistente en US$178 millones anuales ($320.000 millones), entre 2016-2032, asegura US$2.845 millones, y el Distrito debería aportar US$1.220 millones. ¿Para qué? Para el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, es decir, una red organizada con base en Transporte automotriz, Tren de cercanías, Transmilenio ampliado más Metro.

¿Qué pasa entonces si el proyecto Metro vale realmente casi cuatro veces más?

Primero, que Transmilenio y Tren quedan descuidados

Segundo, que el excedente tiene que salir de endeudamiento del Distrito, básicamente debido al mal presupuesto Metro.

El documento CONPES de agosto al respecto lo prevé, da la alarma y la Alcaldía sigue en necia búsqueda del “mandato de los bogotanos a través de las urnas”.

Corolario:

El SITP es una excelente idea, con médula en una línea Metro e irradiación principal 1) de líneas Transmilenio, 2) en buses, busetas y colectivos de transporte público organizados y 3) en tren de cercanías. Esto aparte, como es obvio, de taxi y transporte pirata, que siempre existirá para la periferia y las afueras de la ciudad.

Pero, el Metro no puede representar un 245% (230/66,6) de lo presupuestado, con datos ciertos (no se está significando corrupción ni sobrecostos, sino una realidad). Por otra parte, un proyecto Metro que solo transportará el 4% de los viajes diarios en Bogotá, comparado con 25% de ellos, gracias al Transmilenio, significa que lo que transporta 1/6 de los viajes cuesta, esto es sin equivocaciones que: un pasajero Metro valga 18 veces un pasajero Transmilenio.

El proyecto Metro es interesante tecnológicamente indiscutible, conlleva más de dos décadas de realización, luego de seis décadas de discusión. Pero, si el SITP es la mejor idea en años ¿porqué se vertebra sobre esta soberbia línea de Metro? Podría haber sido sobre una excelente red de Transmilenio, o sobre un Metro aéreo, que no tenga que chocar con la maraña de redes del subsuelo de la capital.

La construcción, digna de postales y negocio gigantesco, conlleva un endeudamiento que rompe con el historial de sanas finanzas del Distrito durante los últimos 20 años contando la administración de Jaime Castro. Esta, la de Castro, meritoria por ser la primera piedra del gran proceso de desarrollo descentralizador y de cambio capitalino.