No obstante, por generaciones el ciudadano colombiano ha pensado en el ingreso al aparato estatal como una opción de ascenso social y de enriquecimiento personal, ya como funcionario de libre remoción o como sujeto de elección popular.
El ciudadano con ambición de funcionario comienza por adentrarse en un proceso poco transparente de ingreso a la nómina burocrática, pesada, ineficiente e ineficaz, para luego ocultarse en la maraña de trámites y procedimientos, pudiendo recibir prebendas por desenredarlos a quien se lo solicite.
El político que juega al azar de la elección por voto popular empieza requiriendo ayudas pecuniarias, comprometiendo mal su palabra con sus protectores y con su elector. Desea ser influyente para pertenecer a la cadena de “valor” que lleva a la contratación pública. Acceder a comités de toda índole para contar con información supuestamente necesaria para triunfar en las convocatorias.
El funcionario quiere ser intermediario de las relaciones con el sector privado en áreas de auditoría, de contraloría, de revisión, de superintendencia o de fiscalización de cualquier clase. Ser puente entre la anomalía y la reglamentación, inclinarse a favor de quien más delinque para obtener una porción del ilícito. El cálculo debe hacer bien y preciso, pues las sumas deberán compensar ingresos faltantes entre los tiempos muertos que hay en el paso de un cargo a otro. De allí el constante rumor de los agentes privados sobre la nueva ubicación pública del funcionario para reencontrarlo y diseñar la componenda de otro negocio.
El asesor o el consultor desean dar relieve tangible a su intangible conocimiento. Pertenecer a las nóminas paralelas es uno de los más cómodos procedimientos corruptos pues, sin enfrentar la responsabilidad del titular, se cree incidir en las decisiones de alto calibre pero con usufructo de pagos mayores por honorarios y otrosís contractuales.
El abogado, no todos, se afianza en el hecho de que el ciudadano de a pie no lee la ley a disposición pública, pues no la entiende, y de allí la prevalencia del “jurista”. El abogado, presente en muchas partes, ostenta su “lecturabilidad” y cobra por enredar al sistema penal, al contencioso administrativo o al contractual.
El contratista, tiene a su favor una figura que es la del interventor. Este ayuda a pasar por alto los controles, facilitando los abonos provenientes del erario público, pasando por alto ciertos estándares de calidad o, en el menor de los casos, permitiendo la ineficiencia del proceso, amparando fallas de planeación, demoras, incumplimientos, así al final la obra o el servicio queden entregados.
Así, el Estado colombiano no es un escenario de gobierno y oposición política, sino un ámbito de prevaricación dolosa y culposa, de cohechos y denegaciones, de malversaciones, fraudes y exacciones en el aparato burocrático, enfrentado a la competencia de descrédito de viudos del poder que desean ocupar posteriormente las posiciones o escaños atacados para continuar con las mismas conductas, pero en su propio favor económico y político.
Es a esta maraña a la que se califica de manera equívoca de inteligencia política, de ejercicio altruista de la carrera política, de conocimiento de los altos valores en la conducción de las riendas del Estado. Pero es un proceso histórico de ennoblecimiento inútil de algunas siguientes generaciones y apellidos que persisten en el mismo camino de manutención de una élite que finge y funge de cuadro intelectual y tecnocrático.
