Una abogada de la Universidad del Rosario, doctorada en Francia, profesora de Derecho Constitucional, asesora del Ministerio de Desarrollo y de la Asamblea Nacional Constituyente, representante a la Cámara y senadora, ha de manejar 23 mil funcionarios y presupuesto de un billón de pesos, lo cual es una buena respuesta a la demora de elección en la Fiscalía.
No obstante, su discurso sobre que se requiere gestión y administración, perfeccionar el paso de la Fiscalía hacia el sistema penal acusatorio, agilizar las causas, aplicar la ley de las pequeñas causas, lograr “resultados en ejecuciones extrajudiciales, homicidios contra indígenas, sindicalistas, tortura, reclutamiento de menores en el desarrollo del conflicto armado, violencia sexual, amenaza contra los defensores de derechos humanos…”, es al respecto de la Ley de Justicia y Paz como instrumento de Justicia Transicional, al que su perfil personal debe atender. Conoce bien de las interioridades de la Corte Constitucional, tiene el apoyo de la Corte Suprema, cuenta con la experiencia de tres períodos en el Senado, es de buen recibo en las huestes femeninas, pues impulsó la ley de cuotas, la ley de libertad de cultos y la ley de acciones populares, fue ponente de la ley de extinción de dominio y de la ley estatutaria de partidos políticos.
Propugna por el principio de oportunidad como instrumento ad hoc para el perdón, pero son precisamente, las recientes dificultades en este campo, por lo cual los caminos jurídicos mediante los cuales “se busca el paso del período ominoso de nuestra historia hacia la superación del conflicto”, son de difícil implementación, cuando además no le corresponden a sus funciones y sí condicionan políticamente el ejercicio libre de sus buenos deseos en el inmediato futuro.
El país puede interpretar con exceso de expectativas esta elección, pues con tan largo período de latencia de 16 meses se podría suponer que de la Fiscal General depende algo más que la práctica investigativa y de recepción de evidencias, de casos que dependen del criterio del legislador. Su cargo se remite en el mediano plazo a Justicia y paz, sin principio de oportunidad por ahora, Sistema Penal Acusatorio, su fortalecimiento, y Gerencia del mayor presupuesto de la rama judicial. Todo esto, mediando con pasos “políticamente correctos” entre tres aguas, las del Ejecutivo con demasiadas promesas electorales, el Legislativo viciado de parapolítica e intereses en contravía dentro de ley de tierras, reforma a la salud y otras de tan fundamental importancia, y el Judicial, tan progresista frente a los otros poderes, pero tan limitado por presiones provenientes de estos mismos.
